Más de dos décadas después de los hechos, exintegrantes de la fuerza pública han decidido enfrentar públicamente lo que hicieron. En una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, el mayor en retiro Alejandro Espitia no dejó dudas sobre la magnitud del horror: civiles y campesinos fueron ejecutados y luego presentados ante superiores como si hubieran caído en combate.

La confesión fue cargada de arrepentimiento. "Se asesinaron civiles y campesinos que fueron presentados ilegítimamente como muertos en combate. Hoy me avergüenza y me arrepiento ante ustedes, ante el pueblo colombiano y ante mi familia", afirmó Espitia en la audiencia. Lo que hace especialmente grave su testimonio es que reveló cuál era el propósito de estos crímenes: mostrar "resultados operacionales" que justificaran gestiones ante las autoridades y permitieran lucir éxito en operaciones militares.

Los números son devastadores. Los exmilitares reconocieron su responsabilidad en 209 casos de homicidio extrajudicial, es decir, asesinatos llevados a cabo sin proceso legal alguno. A esto se suman 65 casos más de desaparición forzada, donde personas fueron secuestradas y nunca volvieron a aparecer.

Lo que agrava aún más los hechos es que estos militares no actuaron solos. Según sus propios testimonios ante la JEP, mantuvieron alianzas operacionales con las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar que durante años sembró terror en el país. Esto significa que desde instituciones del Estado colombiano colaboraron activamente con organizaciones criminales dedicadas al terrorismo y el asesinato.