Un golpe más para la credibilidad de la administración pública en las regiones. La Corte Suprema de Justicia acaba de condenar al exgobernador del Putumayo, Felipe Alfonso Guzmán Mendoza, por haber cometido delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato. Lo grave no es solo que se haya desviado dinero destinado a los niños más pobres, sino cómo se hizo: con la frialdad de quien sabe que está incumpliendo la ley y aun así lo hace.

Los hechos son de hace tiempo, remontándose al 2008, cuando Guzmán intervino directamente en la firma de dos convenios de cooperación por más de 470 millones de pesos que supuestamente servirían para fabricar artículos lúdicos y didácticos. Suena bien en el papel. El problema fue que esos contratos fueron direccionados a dos fundaciones que no tenían la experiencia ni siquiera el objeto social para ejecutar semejante responsabilidad. Según la investigación de la Corte, estas organizaciones funcionaron como una fachada para ejecución de recursos, lo que viola directamente los principios básicos de la contratación pública.

Pero hay más. El entonces gobernador además modificó el presupuesto departamental mediante decreto, tomando recursos que estaban destinados específicamente a obligaciones pensionales y los redirigió hacia actividades decembrinas y la compra de juguetes. Una maniobra que la Corte no dudó en calificar como un claro desprecio por la función pública y una manipulación descarada de las normas para favorecer intereses particulares.

El tribunal fue contundente en su sentencia: 110 meses y 22 días de prisión para Guzmán Mendoza, inhabilitación para ejercer cargos públicos durante más de 10 años, y una multa equivalente a 375 salarios mínimos legales vigentes en la época de los hechos. Lo más importante es que la Corte rechazó cualquier beneficio como prisión domiciliaria o suspensión de la pena. El exgobernador ya fue capturado y cumplirá su condena en un centro carcelario que definirá el Inpec.

En la misma decisión, la Corte absolvió al exgobernador encargado Camilo Augusto Otaya Díaz, al considerar que no había pruebas suficientes que demostraran dolo o responsabilidad penal en estos hechos.

Este fallo vuelve a dejar clara una realidad incómoda: en algunas regiones del país, los recursos públicos destinados a los más vulnerables terminan siendo rehenes de la corrupción. Un recordatorio de que la justicia tarde o temprano cobre sus cuentas, y de que el manejo irregular de dineros públicos, especialmente cuando afecta a los niños, no tiene perdón en el ordenamiento jurídico colombiano.