La justicia colombiana avanza en una investigación que toca temas de contratación pública en el Archipiélago de San Andrés. Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia formuló imputación en contra del exgobernador Ronald Housni Jaller por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, según se conoció el 25 de junio de 2026.

Los cargos se relacionan con una obra vial que la administración departamental adjudicó el 27 de diciembre de 2017. Se trataba de la rehabilitación y mantenimiento de las vías del barrio Los Colares, por un valor de 2.112 millones de pesos, más otros 281 millones para la interventoría técnica, financiera, administrativa y ambiental del proyecto.

El problema central es que, según los elementos de prueba, Housni Jaller autorizó la contratación a pesar de que faltaban los planos, estudios y diseños necesarios para ejecutar las obras. Aunque estos requisitos habían sido contratados previamente por 408 millones de pesos, fueron entregados de forma incompleta. Además, el proyecto carecía de presupuesto detallado, plan ambiental y varios soportes técnicos considerados indispensables.

A pesar de estas deficiencias, en febrero de 2018 se autorizó el desembolso del 50 por ciento del anticipo: 1.056 millones de pesos para las obras y 122 millones para la interventoría. Según la investigación, estos recursos fueron transferidos a una tercera empresa que aparentemente no los invirtió en la ejecución del proyecto.

El exgobernador estuvo en el cargo entre enero de 2016 y abril de 2018. Un año después de los desembolsos cuestionados, la administración que lo sucedió decidió liquidar el contrato unilateralmente por incumplimientos del contratista, registrándose un avance de apenas el 2,37 por ciento en las obras.