Un nuevo caso de presunta corrupción llegó a los titulares el fin de semana cuando Camilo Enciso, quien se desempeñaba como exsecretario de Transparencia, interpuso denuncias penales contra figuras políticas de alto nivel. Las acusaciones apuntan a prácticas irregulares al interior de entidades estatales y levantaron cuestionamientos sobre cómo se estaría manejando el dinero público en el actual gobierno.

Según la denuncia presentada por Enciso, ahora candidato a la Cámara, existiría presuntamente una red de "contratos amarrados" y nombramientos de familiares en instituciones como Findeter y el Ministerio del Interior. De acuerdo con su versión, este esquema habría sido diseñado para garantizar apoyo legislativo a las reformas del presidente Gustavo Petro. Entre los señalados están el actual ministro del Interior, Armando Benedetti; el exministro Luis Fernando Velasco; la senadora Berenice Bedoya; y el secretario de Findeter, Iván Ramírez Rusinque.

Enciso ha detallado que la supuesta red habría incluido el ofrecimiento de cargos en la Dirección Nacional de Bomberos y en Finagro, así como la contratación de familiares de la senadora Bedoya en el Ministerio del Interior. Según su relato, todo esto ocurría en el contexto del debate sobre la reforma a la salud a finales de 2025. El denunciante también menciona negociaciones relacionadas con adiciones presupuestales para obras de acueducto en Yarumal, Antioquia, a cambio de respaldo político.

El exfuncionario asegura contar con pruebas que respaldan sus acusaciones, entre ellas chats y testimonios de miembros de las Unidades de Trabajo Legislativo, unidades encargadas del trámite legislativo. Sin embargo, estos elementos deberán ser evaluados por las autoridades competentes para determinar su validez y relevancia en una eventual investigación.

Por ahora, ninguna decisión judicial ha confirmado los señalamientos hechos por Enciso. Corresponderá a los entes de control y a la justicia establecer si realmente ocurrieron las irregularidades denunciadas y si existieron manejos irregulares de recursos públicos a través de estas entidades estatales.