La Fiscalía General de la Nación apuntó al exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, como responsable de dos delitos graves: prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público. Las investigaciones lo señalan por su actuación en la adjudicación de un contrato millonario que afecta directamente a los colombianos que necesitan tramitar sus pasaportes.

El contrato en cuestión es para la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta finales de julio de este año, y tiene un valor de 559 mil millones de pesos. Según los investigadores, Salazar Ramírez emitió tres resoluciones el 26 de febrero de 2024 que desataron todo: la número 1394, 1395 y 1396. A través de ellas revocó una decisión anterior que había dejado desierta la licitación, rechazó un recurso de un participante que quería quedarse con el contrato, y eliminó una suspensión que paralizaba el proceso. Con esos movimientos, le abrió el camino al único proponente para que se quedara con el negocio.

El problema es que, según la investigación, Salazar Ramírez no tenía autoridad para hacer todo eso. Su cargo de secretario general solo le permitía cumplir funciones administrativas y de coordinación institucional. No le correspondía reabrir ni adjudicar procesos contractuales que ya habían sido cerrados. Los fiscales consideran que se excedió en sus funciones, posiblemente favoreciendo irregularmente la adjudicación a un único proponente.

Pero hay más. Mientras estuvo en el cargo, entre agosto de 2022 y febrero de 2024, Salazar Ramírez compró un predio rural en Puerto López, Meta, por 950 millones de pesos. Lo preocupante es que no tiene una explicación clara de dónde salió ese dinero. Los investigadores no encontraron transferencias bancarias, créditos, ni soportes patrimoniales que justifiquen la compra. Esa falta de transparencia en sus bienes es la que lo lleva a responder por enriquecimiento ilícito como funcionario público.