Pasados más de 25 años, el exfiscal general Alfonso Gómez Méndez decidió salir a la palestra para explicar una decisión que hoy vuelve a ser controversial: el archivamiento en el 2000 del caso contra Álvaro Uribe por los hechos de El Aro. En una entrevista que concedió al diario EL TIEMPO, Gómez Méndez fue claro al sostener que todo obedeció a un simple análisis de lo que se tenía en ese momento. Según él, las pruebas disponibles no alcanzaban para iniciar una investigación formal contra quien en ese entonces era gobernador de Antioquia.

El exfiscal aclaró que la Fiscalía estudiaba una posible responsabilidad por omisión, pero el material probatorio con el que se contaba no llegaba al nivel necesario para abrir un proceso penal. También subrayó que la decisión no fue cosa de una sola persona. El auto inhibitorio (la decisión de no investigar) fue firmado por el fiscal Luis Édgar Martínez, pero con su autorización expresa. De esta forma intentó dejar claro que fue una determinación institucional de la que él asume responsabilidad.

Durante los años que siguieron, el caso tuvo un recorrido particular. El expediente nunca fue apelado por la Procuraduría y permaneció sin cambios durante las gestiones de los fiscales Luis Camilo Osorio, Mario Iguarán y Viviane Morales. El rumbo cambió cuando llegó Eduardo Montealegre a la Fiscalía, quien decidió revocar esa determinación inicial. Aunque Gómez Méndez reconoció no saber con precisión qué motivó ese cambio, sugirió que pudieron surgir nuevos elementos de prueba, ya sea de los procesos de Justicia y Paz o de la denuncia que presentó Iván Cepeda en 2011.

Lo curioso es que incluso después de reabierto, el caso no llegó a una decisión definitiva mientras estuvo bajo competencia de la Fiscalía. Todo cambió en 2014 cuando Uribe fue elegido senador. Desde ese momento, el expediente pasó a manos de la Corte Suprema de Justicia por el fuero constitucional que corresponde a los congresistas, tribunal que lo mantuvo hasta la renuncia de Uribe al Senado.

Gómez Méndez también enfrentó la pregunta del elefante en la sala: el timing. El llamado a indagatoria se dio en medio de la precampaña presidencial, cuando Iván Cepeda, quien denunció el caso, se perfilaba como candidato. Aunque reconoció que hay quienes consideran que el momento pudo ser controversial, dejó claro que esas valoraciones corresponden únicamente a los fiscales. Y en esa línea, expresó su respaldo a la fiscal Marcela Abadía: "La fiscal que la hizo es una persona a quien yo le tengo mucho respeto por su trayectoria, es una jurista, es profesora universitaria".

Para cerrar, Gómez Méndez recordó que la indagatoria es un mecanismo que sirve tanto como medio de prueba como para garantizar el derecho de defensa del investigado. Su intención al hablar públicamente, explicó, fue ofrecer contexto sobre por qué archivaron el caso hace 26 años y cómo evolucionó hasta llegar a donde está ahora.