La justicia colombiana ha condenado a siete años y tres meses de cárcel a María del Socorro Fernández Chávez, una exfiscal que trabajaba en El Tambo, Cauca, por su participación en una de las tramas judiciales más oscuras que se han tejido en el país. Su crimen fue ayudar a un narcotraficante de alto perfil a escapar de la justicia estadounidense fabricando pruebas y documentos fraudulentos. Lo que hace especialmente grave este caso es que no fue un acto aislado, sino una conspiración coordinada que aprovechó vacíos institucionales durante la creación de la Jurisdicción Especial de Paz.

El beneficiario de las maniobras de la exfiscal fue Segundo Alberto Villota Segura, quien en 2015 estaba en la mira de las autoridades norteamericanas por narcotráfico. Estados Unidos lo perseguía por cinco cargos que databan de entre 2008 y 2013, período en el que presuntamente conspiraba con su hermano y otros para enviar cocaína desde el Pacífico colombiano. Su organización era tan grande que según las acusaciones estadounidenses trabajaba en asocio con el cartel mexicano Los Zetas y podía distribuir anualmente más de 100 toneladas de droga en Norteamérica y Centroamérica.

El 17 de mayo de 2016, el Gobierno Nacional aprobó la extradición de Villota para que enfrentara los juicios en las cortes federales de Florida y Texas. Pero aquí es donde Fernández Chávez entró en escena. Según el reporte de las autoridades, "la fiscal abrió un proceso judicial paralelo a la solicitud de extradición e imputó al posible narcotraficante por el delito de rebelión, cargo que fue aceptado (por él). La actuación se sustentó en información sobre una investigación que se seguía en su contra por hacer parte de un grupo armado ilegal, lo cual no era cierto". Con este falso expediente de rebelión, Villota tenía el camino abierto para colarse en la JEP fingiendo ser exguerrillero de las Farc.

Para sostener la mentira, Fernández Chávez no dudó en cometer múltiples ilegalidades. "Omitió reportes sobre una notificación roja de Interpol e incorporó documentación de arraigo con inconsistencias, firmas y otros elementos falsos. A esto se suma que la grabación de la audiencia de imputación desapareció y, pese a que un juzgado ordenó repetir la diligencia para garantizar su registro audiovisual, la exfiscal se opuso", según lo que documentó la JEP. La documentación falsa incluía un certificado que aseguraba que Villota pertenecía al resguardo indígena La Cilia en Miranda, Cauca, un papel que nunca debió haber salido de su oficina.

La trama casi funciona. Villota incluso interpuso una tutela contra el Ministerio del Interior y la OACP (Oficina del Alto Comisionado para la Paz) argumentando que no podía ser juzgado dos veces. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá cayó en la trampa y el 16 de enero de 2017 ordenó suspender la extradición. El Ministerio de Justicia, siguiendo esa orden, formalizó la suspensión el 20 de enero.

Todo se desmoronó en mayo de 2017 cuando Nelson Fabián Narváez Campo, un exsuboficial de policía que trabajaba con la organización delincuencial de Villota, confesó que había pagado dinero a servidores públicos para que fabricaran las pruebas. Narváez Campo fue condenado por fraude procesal, tráfico de influencias y cohecho. Con su confesión, la causa penal por rebelión fue desestimada, Villota fue eliminado del listado de integrantes de las Farc y el caso en la JEP se cerró. En junio de 2020, la JEP confirmó que Villota no recibiría protección de no extradición, un beneficio reservado solo para exguerrilleros legítimos.

En el mismo proceso judicial contra Fernández Chávez también están procesados el entonces patrullero Manuel Antonio Riascos Moreno y la exfiscal local de El Tambo Isabel Rengifo, ambos acusados de participar en la fabricación de evidencia. Este caso recuerda que la corrupción judicial no es un problema menor en Colombia: Ramiro Anturi Larrahondo, otro fiscal, se convirtió en 2012 en el primer fiscal colombiano extraditado a Estados Unidos tras ser sentenciado a cuatro años en la corte del Distrito de Columbia, donde confesó recibir 21 millones de pesos mensuales para proteger a narcotraficantes que operaban desde Buenaventura.