La justicia avanza en un caso que ha generado indignación en La Guajira. Olmedo de Jesús López Martínez, quien dirigió la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ha decidido aceptar los cargos en el proceso por presuntas irregularidades en la contratación de carrotanques para esa región del país. Esta decisión llega después de que el Tribunal Superior de Bogotá rechazara por segunda ocasión un preacuerdo que buscaba su defensa con la Fiscalía.

Ante el cierre de esa puerta legal, el equipo de López Martínez optó por acogerse a una sentencia anticipada, lo que significa reconocer responsabilidad penal en los hechos investigados. La Fiscalía ya formuló acusación contra él por dos delitos graves: concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.

El corazón del escándalo es la orden de proveeduría 192 de 2023, un contrato por 48.600 millones de pesos que tenía un propósito noble pero que, según las investigaciones, fue desviado irregularmente. Se trataba de la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a los habitantes de La Guajira, un departamento que históricamente ha enfrentado una crisis severa de acceso al agua. Los investigadores encontraron indicios de favorecimiento a contratistas y apropiación indebida de recursos públicos.

Para las comunidades wayuu y para todos los guajiros que sufren con la escasez de agua, esta aceptación de cargos representa una pequeña esperanza de justicia. Después de años pidiendo soluciones a una crisis humanitaria que no cesa, ahora existe la posibilidad de que los recursos desviados se recuperen y se destinen finalmente a su propósito original: llevar agua potable a quienes más la necesitan.