En Santander está ocurriendo algo que golpea la credibilidad de la política: políticos enfrentados a la justicia por presuntos delitos de corrupción se atreven a pedir votos mientras sus propios acusadores están huyendo del país. Richard Aguilar busca un curul en el Senado y Edwin Ballesteros pretende regresar al Congreso, a pesar de que ambos están en juicio por corrupción. Mientras ellos avanzan en sus campañas, los testigos que los acusan viven en el exilio, amenazados y, dicen ellos, completamente abandonados por el Estado.

El "Clan Aguilar" no es un nombre cualquiera en Santander. Esta familia ha puesto tres gobernadores en la región: el coronel en retiro Hugo Aguilar y sus dos hijos Mauricio y Richard. El padre ya tenía su propio pasado cuestionable como parapolítico, pero de todas formas logró construir una red de poder tan sólida que sus descendientes pudieron continuar ocupando los principales cargos públicos de la región. Ahora Richard quiere seguir escalando, pero lleva consigo la sombra de un proceso penal.

Claudia Yaneth Toledo y Lenin Darío Pardo conocen los detalles oscuros de esa administración desde adentro. Ella fue secretaria de Infraestructura durante el gobierno de Richard Aguilar entre 2012 y 2015, y ambos conforme han revelado, participaron en la estructura corrupta que direccionaba contratos millonarios a cambio de sobornos. Según Pardo, "Cuando Richard Aguilar fue gobernador tenía todo un esquema de contratación corrupto en la gobernación y en algunas entidades... finalmente lo que tenían era un sistema corrupto de asignar las obras a las personas que ellos querían por un porcentaje de esa obra".

Pero estos testigos no están en Colombia para declarar libremente. Tuvieron que huir del país junto a sus hijas después de recibir amenazas de muerte. Toledo fue clara: "Fue una decisión forzada que nos vimos en la obligación de tomar por la seguridad, sobre todo de nuestras hijas y pues obviamente, por la seguridad nuestra. Ha sido un camino difícil". Pardo, por su lado, expresó su frustración con una realidad que duele: la de ser testigo en un país donde el Estado no protege a quienes se atreven a hablar. Describió su situación como "orfandad o lo que la justicia (...) termina haciendo con los testigos en el país".

Los documentos de la Fiscalía son claros respecto a lo que presuntamente ocurrió. Richard Aguilar habría liderado un "concierto criminal" que operaba mediante un mecanismo simple pero efectivo: ordenaba a funcionarios públicos favorecer contratos hacia personas o empresas previamente elegidas por él, cobrando un 10 por ciento sobre el valor de cada obra. Ese dinero, presuntamente, financiaba las campañas de sus aliados políticos, incluyendo la de Edwin Ballesteros, exdirector de la Empresa Santandereana de Servicios Públicos, quien también busca regresar al poder tras haber renunciado a su curul cuando fue vinculado al caso.

Julio Acelas, director del Observatorio Ciudadano de Santander, resumió lo que muchos sienten: "Es absolutamente condenable y vergonzoso que políticos procesados y cuestionados (...) regresen como si nada después de casi burlar la justicia, a pedir el favor popular posando de víctimas, simulando ser hombres de luz". Las defensas de ambos excongresistas, mientras tanto, se aferrán a la presunción de inocencia y aseguran tener pruebas para rebatir a los testigos exiliados. Pero mientras tanto, el mensaje que se envía desde Santander es incómodo: la corrupción parece tener otra oportunidad en las urnas.