La justicia colombiana cerró otro capítulo del escándalo de corrupción que devastó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena de casi 5 años de prisión contra Pedro Andrés Rodríguez Melo, quien desde su cargo de asesor jurídico en la UNGRD participó activamente en direccionar millonarios contratos públicos hacia empresas de su conveniencia.

La conducta de Rodríguez Melo fue clara: manipuló las cotizaciones para favorecer al contratista Luis Eduardo López Rosero en la adjudicación de una orden de compra de 40 carrotanques. Estos vehículos, valorados en 46.800 millones de pesos, estaban destinados a llevar agua potable a comunidades vulnerables de La Guajira. A cambio de este direccionamiento, el exasesor recibió 1.000 millones de pesos en dádivas. La investigación de la Fiscalía probó que Rodríguez Melo presentó tres cotizaciones de empresas vinculadas a López Rosero al entonces subdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, con lo cual definieron los términos de la convocatoria que permitió hacer la adjudicación.

El exfuncionario aceptó los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación agravado. Como parte de su acuerdo con la Fiscalía, se comprometió a devolver los 1.000 millones de pesos que recibió. Además de la pena de prisión, deberá pagar una multa equivalente a 2.761 salarios mínimos mensuales vigentes.

Rodríguez Melo intentó evitar la cárcel. Solicitó prisión domiciliaria argumentando que era el único sustento económico de su hijo menor y que padecía problemas de salud. El juzgado rechazó la solicitud después de determinar que el menor contaba con su madre y un entorno familiar capaz de proporcionarle apoyo y acompañamiento.

Este caso es apenas una pieza del gigantesco engranaje de corrupción que afectó no solo a la UNGRD sino al Congreso y al Ejecutivo. Recientemente se han capturado congresistas como Wadith Manzur y Karen Manrique acusados de cohecho impropio. Los expresidentes del Legislativo Iván Name y Andrés Calle, junto con exdirectivos de la UNGRD como Olmedo López y Sneyder Pinilla, también enfrentan procesos judiciales. El escándalo escaló hasta el gobierno nacional: los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco fueron detenidos por presuntamente usar recursos de la UNGRD para comprar votos, mientras que la exconsejera presidencial Sandra Ortiz fue capturada por intermediar pagos ilícitos. El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y exjefe de Inteligencia, Carlos Ramón González, huyó hacia Nicaragua. Incluso el nuevo congresista Jhon Fredy Núñez se encuentra bajo investigación por su presunta participación en el escándalo.