Bolivia vive momentos de tensión política sin precedentes. Mientras el expresidente Evo Morales permanece fugado de la justicia, miles de sus seguidores se movilizan hacia La Paz en protestas que han paralizado el país con bloqueos y enfrentamientos. La situación se torna cada vez más delicada, con acusaciones cruzadas y la intervención de líderes latinoamericanos que profundizan las heridas políticas.

El gobierno boliviano aseguró que en las manifestaciones hay infiltrados de grupos armados. El vocero presidencial José Luis Gálvez identificó a miembros de los "Ponchos Rojos", una facción campesina del altiplano boliviano conocida por su organización militarizada. Según las autoridades, videos en redes sociales muestran a hombres armados lanzando consignas como "ahora sí, guerra civil" e invitando a otros a unirse a las marchas con armas. El gobierno calificó todo esto como un intento de presión política orquestado por sectores cercanos a Morales, quien intenta generar respaldo popular mientras enfrenta procesos judiciales graves.

La capital boliviana amaneció bajo vigilancia máxima. La plaza Murillo, donde funcionan la presidencia y el Parlamento, fue blindada con cordones policiales y barricadas de seguridad. El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, advirtió que las protestas "están en el límite de la legalidad" y amenazó con judicializar cualquier ataque contra bienes públicos o instituciones del Estado.

En medio de la crisis, el presidente colombiano Gustavo Petro tomó partido. Pidió evitar la existencia de "presos políticos" en América Latina, un mensaje interpretado como apoyo directo a Evo Morales. Además, invitó al gobierno boliviano a abrir espacios de diálogo para fortalecer la democracia regional. Las palabras de Petro generaron indignación en Bolivia, que respondió con un comunicado oficial rechazando cualquier injerencia extranjera. "El futuro de Bolivia debe decidirlo el pueblo boliviano", aseveró el gobierno boliviano, reafirmando que la crisis debe resolverse exclusivamente a través de mecanismos constitucionales y diálogo interno.

Evo Morales enfrenta cargos por una presunta relación con una menor de edad durante su presidencia. Fue declarado en rebeldía tras no comparecer ante la justicia, y actualmente existe una orden de captura en su contra. Sin embargo, permanece refugiado en la región del Chapare, donde mantiene un fuerte respaldo político y social. Sus seguidores han bloqueado accesos y controlado zonas estratégicas para evitar su detención, lo que mantiene al país en vilo.