La decisión del Gobierno de aplicar eutanasia a 80 hipopótamos en Colombia ha encendido una fuerte polémica entre expertos ambientales y organizaciones protectoras de animales. El debate gira en torno a si esta es realmente la mejor solución para controlar una especie invasora que está transformando los ecosistemas del país.

Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible defienden el plan como medida necesaria y científicamente fundamentada. La ministra Irene Vélez explicó que "La eutanasia es una medida probada, es técnica y hace parte de lo que la ciencia nos pide también hacer cuando no es posible una translocación". Según las proyecciones del ministerio, sin esta intervención la población de hipopótamos podría alcanzar al menos 500 ejemplares para 2030, lo que afectaría gravemente especies nativas como el manatí y la tortuga de río.

El ministerio ha aclarado que no se trata de un sacrificio indiscriminado. Según el protocolo establecido, la eutanasia solo se aplica después de evaluar técnicamente cada caso, priorizando los animales que representan mayor peligro para las comunidades y los ecosistemas. La entidad también ha comprometido el uso de otras estrategias como la translocación y la esterilización quirúrgica.

Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Organizaciones como AZCARM rechazan categóricamente la medida. Su presidente, Ernesto Zazueta, expresó: "No maten a los hipopótamos, eso sería la matanza más grande de hipopótamos, de una especie, que está como todas las especies animales en peligro de desaparecer".

Otros grupos ambientales van más allá en sus cuestionamientos. En un comunicado, Cala Producciones señaló que "No es correcto afirmar que no existan alternativas a la eutanasia. Además de la translocación internacional, el propio Gobierno nacional ha reconocido otras estrategias como la esterilización quirúrgica, aunque estas implican altos costos y tiempos prolongados". La organización cuestiona que la decisión haya sido más política que técnica.

El dilema que enfrenta Colombia refleja un desafío ambiental global: cómo controlar especies invasoras sin comprometer principios éticos ni recursos económicos limitados. El Gobierno sostiene que es la medida más viable, mientras que los ambientalistas piden explorar más a fondo otras opciones, aunque reconocen que implican inversiones significativas y procesos más lentos.