La Asamblea General de Estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá tomó una decisión drástica: paralizó completamente las actividades académicas y administrativas en respuesta a una orden judicial que ordena traer de nuevo a José Ismael Peña como rector de la institución. El anuncio llegó el 17 de febrero de 2026 a través de un comunicado público en el que dejaron clara su posición.

Para los estudiantes, la situación es inaceptable. En su pronunciamiento sostienen que la acción de tutela (un mecanismo legal de protección de derechos) presentada por Peña "desconoce la voluntad del estudiantado y de los distintos estamentos que conforman la comunidad universitaria". Además, critican duramente el fallo argumentando que vulnera la autonomía universitaria y los procesos democráticos internos de la institución.

Las demandas estudiantiles son claras: exigen la renuncia inmediata de José Ismael Peña y piden que el Consejo Superior Universitario apruebe el mecanismo de elección que se defina en la próxima reunión de la Mesa Constituyente Universitaria. También solicitan garantías para participar efectivamente en ese espacio y apoyo institucional para realizar su Encuentro Nacional de Estudiantes.

El paro viene acompañado de una agenda de movilización que incluye reuniones en sedes y facultades, un plantón en la Calle 26, manifestaciones hacia el lugar donde tomaría posesión Peña, y actividades académicas y culturales como conversatorios y proyecciones. Según lo anunciado, el cese de actividades se mantendrá hasta que se cumplan las exigencias o hasta que la asamblea se reúna nuevamente.

La orden judicial que encendió la mecha proviene de la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó al Consejo Superior Universitario restituir a Peña en el cargo en un plazo de 48 horas. Este fallo revocó una decisión anterior del Juzgado 46 Laboral de Bogotá, que en diciembre de 2025 había negado la solicitud de Peña. La magistrada ponente aclaró que aunque la universidad tiene autonomía para organizarse internamente, eso no permite desconocer un acto administrativo vigente ni evitar que la justicia ordene su cumplimiento.

Toda esta controversia se remonta a noviembre de 2025, cuando el Consejo de Estado anuló el nombramiento de Leopoldo Múnera como rector. En esa misma decisión, el tribunal concluyó que la elección de José Ismael Peña realizada en marzo de 2024 había sido válida. Posteriormente, el Consejo Superior Universitario interpretó que esto no significaba el restablecimiento automático de Peña y optó por designar un rector encargado mientras pedía una aclaración al Consejo de Estado, solicitud que fue negada.

Un abogado especializado explicó que al tratarse de una decisión en segunda instancia dentro de una acción de tutela, no hay recursos adicionales que interponer y su cumplimiento es obligatorio dentro del plazo fijado. Aunque el caso irá a la Corte Constitucional para una eventual revisión, eso no suspende la orden que ya está en vigor.

Mientras la administración central de la Universidad Nacional no ha emitido un nuevo pronunciamiento sobre el paro estudiantil, la comunidad universitaria sigue atenta a cómo se desarrolla esta pugna entre las decisiones judiciales, la autonomía universitaria y la voluntad de los estudiantes.