Nuevamente, un caso de presunta violencia sexual sacude a una universidad de Medellín. Una estudiante de la Universidad Católica Luis Amigó denunció públicamente en redes sociales que fue víctima de acoso y abuso por parte de otro compañero dentro del campus. El testimonio anónimo se difundió rápidamente, encendiendo alertas entre la comunidad estudiantil y activando la movilización de distintos colectivos que no están dispuestos a normalizar estos hechos.

Según lo relatado, los hechos ocurrieron dentro de las instalaciones de la institución, lo que reavivó la preocupación sobre las condiciones de seguridad en espacios universitarios y la manera en que estas universidades responden ante denuncias de violencia basada en género. Este caso se suma a una serie de situaciones similares que han tocado a diferentes instituciones educativas del país en los últimos años, abriendo un debate incómodo pero necesario sobre cómo se protege realmente a las estudiantes.

La universidad reaccionó rápidamente. Informó que activó su ruta institucional de atención inmediata, ofreciendo acompañamiento jurídico y psicológico a la víctima. También rechazó categóricamente cualquier forma de violencia de género y señaló que el caso está siendo investigado de manera prioritaria. Sin embargo, esto no fue suficiente para tranquilizar a la comunidad estudiantil.

Los estudiantes reclaman acciones más contundentes y garantías reales. No se trata de solo activar protocolos, sino de transformar las condiciones que permiten que estas situaciones ocurran. Por eso, diferentes colectivos convocaron a un plantón para este martes al mediodía en la plazoleta principal del campus, bajo el lema "no queremos a un violador". La marcha busca exigir justicia, visibilizar el caso y presionar para que la institución implemente medidas más robustas de protección para las mujeres.

Expertos y organizaciones que acompañan estos procesos han insistido en que las universidades necesitan fortalecer sus rutas de atención, garantizar procesos de denuncia verdaderamente accesibles y sin revictimización, y crear entornos que permitan que las estudiantes se sientan seguras. En Medellín, como en muchas ciudades del país, los jóvenes están cansados de esperar. Están en las calles pidiendo que los derechos no sean solo letra muerta en documentos institucionales.