La muerte de doña Cecilia en un dispensario de Cafam en Cúcuta encendió las alarmas en Pacientes Colombia. Denis Silva, vocero de la organización, no se guardó nada al reaccionar frente al caso y lanzó cuestionamientos muy fuertes sobre el funcionamiento del sistema de salud en el país. Con angustia evidente, preguntó: "¿Cuántos muertos más necesitamos?".

Silva fue directo con Nueva EPS, la entidad con mayor cantidad de afiliados en Colombia. Aseguró que "el comunicado tanto de Nueva EPS como del gestor farmacéutico es indolente y alejado de la realidad". Luego señaló que Nueva EPS "históricamente se viene lavando las manos" y le recordó que "está en la obligación de garantizar el derecho fundamental a la vida". El vocero fue claro en su diagnóstico: "Las personas tienen derecho a que el Estado les proteja el derecho fundamental a la vida con tres condiciones: calidad, oportunidad y continuidad".

Lo que más preocupa a Silva es que el Gobierno Nacional planea trasladar 6.600.000 afiliados de otras EPS, de los cuales 3.200.000 irían precisamente a Nueva EPS, la entidad intervenida. Para él, esto "parece que fuera una condena de muerte". Sobre el drama específico de doña Cecilia, describió a una mujer luchando en circunstancias desoladoras: "un drama humanitario en su familia: el hijo con discapacidad, el esposo con enfermedad y ella mendigando medicamentos cuando la salud en Colombia es un derecho fundamental".

Silva también denunció que hay pacientes con peticiones formales en la Superintendencia Nacional de Salud esperando respuesta por más de 400 días, especialmente cuando se trata de EPS intervenidas. Advirtió además que algunos pacientes revenden medicamentos, lo que no solo los pone en peligro a ellos mismos sino a otros usuarios del sistema. Por eso pidió corresponsabilidad de todos: "tenemos que jugarle limpio al sistema de salud".

El vocero hizo un llamado urgente a la Corte Constitucional. Desde 2024, dijo, Pacientes Colombia viene pidiendo "la declaratoria del estado de cosas inconstitucionales". Criticó que la reforma propuesta por el gobierno del presidente Petro no resuelve la crisis humanitaria actual y anunció que llevarán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con tono que mezcla frustración y esperanza, expresó: "Una cosa es que necesitamos transformar y avanzar en el modelo de salud, y otra cosa es dejar morir a los pacientes intencionalmente".

Droguerías Cafam, por su parte, lamentó el fallecimiento y expresó: "Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y nos solidarizamos en este difícil momento". La empresa señaló que activó protocolos de atención de emergencia desde el primer instante y aseguró que no se evidenció "ninguna situación irregular con nuestros funcionarios durante la atención". Precisó que el caso sigue en verificación y que serán las autoridades competentes quienes esclarezcan lo sucedido.