Un hombre de 36 años originario de Texas enfrenta una batalla legal contra el Estado colombiano por haber sido juzgado públicamente por el presidente Gustavo Petro sin tener culpa alguna. El jurista Fabio Humar, quien representa al ciudadano estadounidense, confirmó en entrevista con la revista Semana que está evaluando todas las acciones legales posibles para reparar el daño provocado por los mensajes del mandatario en sus redes sociales.

Todo comenzó cuando un video de un supuesto abuso de menores se viralizó en redes. Ese mismo día, el presidente Petro escribió en su cuenta de X un mensaje donde calificó al extranjero como un "pedófilo estadounidense" e intentó relacionarlo con sectores de ultraderecha. En su publicación original, que luego borró, Petro afirmó: "Aquí se muestra la doble moral y la manipulación del electorado. Mientras una parte del electorado se mueve hacia las derechas extremas pensando que son defensores de la familia, resulta que muchos de la fracción ultraconservadora son pedófilos".

Aunque el jefe de Estado se retractó días después cuando los informes de Medicina Legal demostraron que el ciudadano no había cometido abuso alguno, el daño ya estaba hecho. El abogado Humar señaló ante Semana que le parece "lamentable" que un presidente use su cuenta, la más poderosa del país, para condenar a una persona sin respetar su presunción de inocencia.

Lo que originó toda la confusión ocurrió en un apartamento al norte de Bogotá. El hombre y su esposa estaban adelantando un proceso de adopción de tres hermanos que contaba con autorización judicial e intervención del ICBF. Cuando uno de los menores, de apenas 7 años, tuvo un berrinche por una disputa con sus hermanos por un juguete, el padre adoptivo intentó calmarlo. Eso fue lo que los vecinos grabaron e interpretaron erróneamente como abuso. Las pruebas forenses confirmaron que no hubo ningún acto abusivo.

Ahora el estadounidense no solo piensa demandar al Estado por responsabilidad patrimonial, sino que también emprenderá acciones legales contra los funcionarios públicos que replicaron y amplificaron el mensaje original del presidente en redes sociales. Se trata de un caso que evidencia cómo una acusación sin fundamento, amplificada desde la máxima autoridad del país, puede destruir la reputación y la vida de una persona en cuestión de horas.