Estadounidense capturado en Bogotá por presunto abuso a menor que buscaba adoptar tres niños

Un ciudadano estadounidense identificado como Grant Gail fue capturado en Usaquén tras denuncias de vecinos sobre presunto abuso sexual a un niño de siete años. El caso abre interrogantes sobre los controles en el proceso de adopción de tres menores que estaban bajo su custodia. La Procuraduría y el ICBF investigan cómo se desarrolló el trámite de adopción y si se cumplieron los protocolos de protección.
La alarma en un conjunto residencial del norte de Bogotá llevó al desmantelamiento de una situación que pone en evidencia posibles fallas en los controles de adopción en el país. Vecinos del sector de Navarra, en Usaquén, alertaron a la Policía de Infancia y Adolescencia tras presenciar una presunta agresión sexual contra un niño de siete años. Los hechos fueron documentados en videos que circularon rápidamente en redes sociales, lo que aceleró la intervención de las autoridades.
Grant Gail, un ciudadano estadounidense que había llegado al país días antes como turista, fue capturado cuando la Policía ingresó a la vivienda. Lo que más preocupa a los investigadores es que este hombre estaba en proceso de adoptar a tres menores de 4, 7 y 15 años a través de una institución autorizada. Ahora las autoridades quieren saber cómo fue posible que alguien con estas características llegara tan lejos en un trámite de adopción y qué filtros funcionaron o dejaron de funcionar en el camino.
Los tres niños fueron trasladados a centros médicos para evaluación y reciben acompañamiento psicosocial. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar confirmó que permanecen bajo protección institucional mientras avanzan las diligencias. La Procuraduría General de la Nación designó una agencia especial en materia de familia y un procurador en el ámbito penal para investigar no solo los hechos criminales, sino también cómo se llevó el proceso de adopción y si las instituciones responsables cumplieron con los protocolos de protección de menores.
El Ministerio Público revisará si las Instituciones Autorizadas para la Atención y Protección, así como los funcionarios que manejaron el caso, aplicaron correctamente los controles establecidos. La Fiscalía, Medicina Legal y otros organismos recopilan pruebas y evidencia forense para esclarecer lo sucedido. La directora del ICBF pidió prudencia en la difusión de la información para no afectar las investigaciones ni la integridad de los niños involucrados, consciente de que este tipo de casos generan indignación y análisis sobre cómo estas situaciones pueden ocurrir en sistemas que deberían estar diseñados precisamente para evitarlas.
Fuente original: Seguimiento