El Departamento de Justicia de Estados Unidos tomó una decisión histórica este miércoles 20 de mayo: formuló cargos criminales por homicidio contra Raúl Castro, exlíder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Se trata de un paso judicial sin precedentes que marca un punto de quiebre en las tensiones diplomáticas entre Washington y La Habana, según reportes de Reuters.

Los cargos que enfrenta Castro están ligados a uno de los episodios más controvertidos entre ambas naciones. El 24 de febrero de 1996, cazas de combate de la Fuerza Aérea Cubana derribaron dos avionetas Cessna operadas por "Hermanos al Rescate", un grupo de exiliados cubanos con base en Miami. Las aeronaves civiles fueron atacadas mientras volaban sobre el Estrecho de Florida. En el ataque murieron cuatro ciudadanos y residentes cubanoestadounidenses que realizaban misiones humanitarias buscando balseros en el océano.

En esa época, Raúl Castro era Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Según investigaciones estadounidenses que incluyen audios desclasificados, existe evidencia de que Castro impartió la orden directa de derribar las aeronaves, conociendo que estaban desarmadas. Los investigadores han insistido durante años en que el ataque "no fue un hecho aislado ni impulsivo, fue un homicidio planeado" con el objetivo de intimidar a la disidencia cubana y a los exiliados.

Hasta hoy, la justicia estadounidense solo había logrado condenar a una persona relacionada con este derribo: el espía Gerardo Hernández, líder de una red de inteligencia cubana, quien recibió cadena perpetua pero fue liberado en 2014 durante un intercambio de prisioneros bajo el gobierno de Barack Obama. Dos pilotos de los cazas cubanos y su comandante también fueron imputados en el pasado, pero han permanecido fuera del alcance de la justicia norteamericana.

El anuncio coincidió deliberadamente con el 20 de mayo, una fecha cargada de simbolismo: marca el aniversario de la independencia de Cuba, reconocida por el exilio y Estados Unidos aunque rechazada por el gobierno socialista. Analistas comparan este movimiento con otros expedientes que Estados Unidos ha abierto recientemente contra altos mandos de países de la región, reflejando un endurecimiento de su postura frente a delitos transnacionales y violaciones a derechos humanos.