Estados Unidos quiere enviar observadores propios para vigilar de cerca cómo se desarrollan las próximas elecciones presidenciales en Colombia. Según revelara Noticias RCN, no se trata de una organización internacional tradicional, sino de 86 funcionarios directos de la administración de Donald Trump que irían tanto a la primera como a la segunda vuelta electoral. El encargado de negocios de la embajada estadounidense en Bogotá, Jahran Hillsman, expresó en una carta el "interés en desplegar una misión de observación electoral no formal durante los comicios para la elección presidencial". El Consejo Nacional Electoral ya habría aceptado y acreditado a esta delegación, que se distribuiría en 15 ciudades: Medellín, Envigado, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, Leticia, Palmira, Popayán, Quibdó, Santa Marta, Soacha, Soledad y Turbo.

Esta no sería la primera vez que observadores internacionales vienen al país. La Unión Europea ya había desplegado una misión electoral el 8 de marzo pasado en las elecciones legislativas, pero con apenas 40 observadores de largo plazo. La delegación estadounidense sería más del doble en número. El eurodiputado Esteban González Pons, jefe de esa misión europea y vicepresidente del Parlamento Europeo, fue claro sobre lo que esperan los observadores internacionales: "Para la Misión es esencial que el sistema electoral garantice transparencia, que lo consignado en las mesas coincida con lo publicado, que las actas sean accesibles y que cualquier modificación del acta quede registrada".

Sin embargo, académicos colombianos tienen reservas importantes sobre si esta misión realmente podría garantizar elecciones limpias. Juan David Escobar, profesor de Geopolítica de la Universidad Eafit, reconoce que "todo el acompañamiento posible a unas elecciones es positivo", pero advierte que todo depende del acceso real que tengan: "una visita de verificación da garantías de veracidad de los resultados en la medida que efectivamente pueda hacer controles del proceso completo de las elecciones, que incluiría las condiciones previas a las elecciones para que los votantes puedan hacerlo y libremente". El problema, según Escobar, es que la cobertura geográfica no llega a las zonas más críticas. "En este caso parece difícil que ese despliegue pueda establecer una seguridad alta de confiabilidad porque particularmente no cubre las zonas de mayor riesgo de constreñimiento político". Además, señala que una debilidad seria es que "no parece que cubriría el mayor riesgo que enfrentan las elecciones, que es la falta de una auditoría externa sobre la confiabilidad del software".

Rafael Piñeros, docente de la Universidad Externado, va más allá en sus dudas: "Es un elemento difuso. Si bien ese es el anunció, no sé si la administración Trump realmente quiera, pueda y tenga el propósito de hacer observación electoral. No hay un órgano federal que acompañe esos procesos. Así que plantea por el momento más dudas que certezas".

El anuncio de esta misión llega en un momento delicado. Hace poco el presidente Gustavo Petro declaró a un periodista de El País de España que respetaría los resultados electorales, pero matizó: "sí, pero no el fraude". El presidente ha sostenido por años que el sistema electoral colombiano tiene vulnerabilidades. El 19 de abril pidió "un millón de testigos electorales que sepan impugnar en la mesa cuando vean fraude" y reiteró: "ya sucedió el fraude". En una respuesta en redes sociales al candidato Sergio Fajardo, insistió en que "no es una posibilidad, ya sucedió el fraude y fue probado judicialmente, cuando el Consejo de Estado dictaminó que el actual software de escrutinios es el mismo sobre el cual la justicia ordenó su cambio por qué es vulnerable desde dentro y desde fuera".

Frente a esta narrativa, la Registraduría, la Procuraduría y otras instituciones han salido al paso rechazando las acusaciones de fraude y reiterando su confianza en la solidez del sistema electoral colombiano.