Durante décadas, miles de personas que llegaban a Estados Unidos con visas temporales pudieron cambiar su situación migratoria sin pisar su país de origen nuevamente. Estudiantes que recibían ofertas de trabajo permanente, visitantes que se enamoraban y querían casarse, trabajadores especializados: todos podían ajustar su estatus migratorio desde adentro del país. Este mecanismo, conocido como ajuste de estatus, fue una puerta abierta que ahora corre peligro de cerrarse. El Departamento de Seguridad Nacional impulsa una nueva interpretación que obligaría a los solicitantes de green card a regresar a su país y completar los trámites en el extranjero, salvo en casos muy excepcionales. El cambio llega a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y marca un giro radical en décadas de funcionamiento del sistema migratorio estadounidense.

David Bier, investigador del Instituto Cato, no duda en calificar esto como un quiebre histórico. Según sus análisis, "desde 1980, la mayoría de los inmigrantes legales (el 56%) obtuvieron la residencia permanente mediante el ajuste de estatus una vez dentro de Estados Unidos. Sin embargo, con la nueva política del USCIS, la mayoría de los 1,2 millones de inmigrantes legales con solicitudes de residencia permanente pendientes tendrán que deportarse voluntariamente". Para Bier, la administración Trump ya venía desacelerando todo el proceso migratorio. Los números lo confirman: en octubre de 2024 se aprobaron cerca de 72.000 green cards, pero entre diciembre de 2025 y enero de 2026 esa cifra se desplomó a alrededor de 34.000. El USCIS simplemente ha estado resolviendo menos casos, aunque las solicitudes no han disminuido.

El argumento de USCIS es que las visas temporales fueron diseñadas solo para estancias cortas y propósitos específicos, por lo que permitir cambios de estatus dentro del país va contra la idea original. Pero Bier rechaza firmemente esta postura. El Congreso creó el ajuste de estatus en 1952 precisamente para evitar lo opuesto: que los migrantes tuvieran que salir de Estados Unidos solo para completar trámites en consulados y regresar después. Los legisladores de entonces consideraron ese proceso costoso, innecesario y problemático para familias y empleadores. Desde entonces, el mecanismo se convirtió en pieza central de la inmigración legal. Más de la mitad de quienes obtuvieron residencia permanente desde 1980 lo hicieron mediante esta vía.

Las consecuencias de esta medida serían devastadoras. Bier explica que quienes tengan que salir de Estados Unidos enfrentarían "restricciones de 3 o 10 años para obtener una visa de inmigrante por acumulación de presencia ilegal", además de riesgo de perder sus empleos. El investigador del Instituto Cato concluye que la política "es ilógica y perjudicará a los estadounidenses, a sus empleados, empleadores y familiares. Provocará la fuga de talento a otros países y hará que Estados Unidos sea un lugar menos competitivo para los negocios".

Para la comunidad colombiana en Estados Unidos, esta decisión podría ser especialmente grave. Colombia figura entre los países latinoamericanos con mayor flujo de personas obtuviendo green card. Durante la última década, entre 18.000 y 25.000 colombianos han logrado anualmente la residencia legal permanente mientras residían legalmente en territorio estadounidense. Aunque las autoridades no han especificado cuántos ciudadanos colombianos quedarían directamente afectados, el número es considerable. Muchos de ellos ya iniciaron sus procesos bajo las reglas que han operado durante más de siete décadas y ahora enfrentarían el dilema de tener que abandonar el país para completar trámites que antes podían resolver desde adentro.