El Estado avanza en la liquidación de cuatro casas de apuestas que pertenecieron a Enilce López, alias "la Gata", la empresaria que durante décadas fue un personaje clave en el negocio de los juegos de azar en la Costa Atlántica, pero cuyo legado quedó marcado por sus vínculos con organizaciones paramilitares. La Sociedad de Activos Especiales informó esta semana que las empresas Uniapuestas S.A., Aposmar, Unicat y Aposucre están dentro de procesos de embargo y extinción de dominio.

López murió el 4 de enero de 2024 en una clínica de Barranquilla a los 72 años, dejando atrás una vida caracterizada por el poder empresarial y la sombra de graves delitos. En el apogeo de sus negocios fue la empresaria de apuestas más influyente en Sucre y Bolívar, con múltiples inversiones y una red política extensa en la región que le permitía impulsar campañas de candidatos alineados con la derecha política. Sin embargo, entre los años 80 y 90 financió organizaciones como las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y el bloque Héroes de los Montes de María, lo que le costó una condena de 9 años en procesos por parapolítica. Años después fue sentenciada a 37 años de prisión por su participación en el asesinato en el año 2000 de Amaury Ochoa Torres, vigilante de un peaje en El Carmen de Bolívar.

El proceso de liquidación más avanzado es el de Uniapuestas S.A. La SAE está haciendo una revisión exhaustiva de sus registros para cumplir con acreedores y exempleados. Constanza Jiménez, directora de Sociedades en Liquidación de la entidad, explicó que "adelantamos una revisión detallada del proyecto de graduación y calificación de créditos dentro del proceso de liquidación de Uniapuestas, debido a inconsistencias identificadas en la información reportada, entre ellas registros duplicados de extrabajadores, personas vinculadas a distintos procesos y documentación incompleta".

En cuanto a Aposmar, Unicat y Aposucre, aún no se designan los nuevos liquidadores, aunque los trámites están en curso. La SAE indicó que las acciones inmediatas incluyen actualizar y depurar deudas laborales, conciliar procesos judiciales pendientes, preparar legalmente los inmuebles y comercializar activos para generar dinero en el corto plazo. El objetivo es que el patrimonio que "la Gata" dejó atrás se distribuya según lo establezcan los procesos de extinción de dominio.