Mientras Alemania acelera deportaciones, Francia restringe beneficios sociales y el Reino Unido cierra sus fronteras al asilo, España toma el camino opuesto. El gobierno de Pedro Sánchez aprobó la semana pasada un decreto que permitirá regularizar a más de medio millón de migrantes sin documentos o solicitantes de asilo que demuestren una permanencia mínima de cinco meses en el país y no tengan antecedentes penales. Es una decisión sorpresiva que coloca a España como la nota discordante en un continente cada vez más restrictivo.

La medida partió de una propuesta ciudadana firmada por alrededor de 700.000 personas, respaldada por iglesias, asociaciones de migrantes y grupos civiles. El Partido Socialista y Podemos alcanzaron un acuerdo y lo aprobaron mediante real decreto, evitando así debatirlo en un Parlamento donde los socialistas carecen de mayoría. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, justificó la regularización diciendo que era "necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles". De los aproximadamente 850.000 migrantes irregulares estimados en España, alrededor de 500.000 podrán normalizar su estatus.

El lado económico es clave para entender esta decisión. España recuperó hace poco el puesto 12 entre las economías mundiales, con un PIB que supera los 2 billones de dólares. Pero tras esos números macro se esconde una realidad concreta: sectores como la construcción, el turismo y cuidados de personas tienen hambre de trabajadores. "La economía española presenta una demanda de mano de obra en sectores como el cuidado y la construcción y la hostelería, que dependen directamente de la inmigración", explica Cecilia Estrada Villaseñor, doctora en migraciones internacionales. A corto plazo, regularizar a estos trabajadores significa formalizar empleos y aumentar la recaudación de impuestos. A mediano plazo, expertos advierten que podría aliviar el sistema de pensiones, tensionado por el envejecimiento de la población. Estudios del Real Instituto Elcano, la OCDE y la Comisión Europea muestran que los migrantes tienden a aportar más dinero en impuestos de lo que consumen en servicios sociales.

Sin embargo, hay quienes lanzan advertencias. España cerró 2025 con el mejor dato de empleo en 17 años, pero mantiene un desempleo cercano al 10 por ciento, casi el doble del promedio europeo del 6 por ciento. Para críticos como el demógrafo Alejandro Macarrón, absorber a cientos de miles de trabajadores en un mercado laboral ya debilitado es problemático. Además, señala un factor que preocupa a muchos españoles: la vivienda. España enfrenta una crisis de acceso a casas. Mientras quienes ya tienen propiedad ven revalorizarse su patrimonio, jóvenes e inmigrantes enfrentan precios imposibles. El rápido incremento poblacional agrava este problema.

Otra pieza del rompecabezas es el origen de estos migrantes. Aproximadamente el 48 por ciento de extranjeros residentes en España son latinoamericanos. De los medio millón de irregulares que se beneficiarán de la regularización, estima el centro de análisis Funcas que 9 de cada 10 son latinoamericanos. Esto importa porque comparten idioma, cultura y religión, lo que facilita su integración. José Pablo Martínez, investigador del Real Instituto Elcano, lo pone así: "Al manejar el idioma pueden empezar a trabajar nada más llegar a España, además de que comparten nuestra cultura, valores y, en buena medida, la religión". Este contraste con la inmigración musulmana que enfrentan Francia o Alemania ayuda a explicar por qué España tiene históricamente menor rechazo a los migrantes. Pero esto no significa ausencia total de conflictos: los disturbios de Torre Pacheco en julio y desalojos recientes en Badalona muestran que las tensiones existen.

La estrategia política también pesa. Sánchez gobierna en minoría y depende de Podemos y Sumar (formaciones de izquierda) para mantener apoyo parlamentario. Ambos partidos favorecen la regularización. El catedrático Joaquín Arango señala que "con esta decisión, piensa que puede aumentar sus apoyos parlamentarios y conseguir una mayor supervivencia política". Pero hay otro objetivo más práctico: limpiar el desorden administrativo. España tiene un sistema de asilo desbordado por expedientes acumulados. Una regularización masiva reinicia el contador.

Todo esto ocurre en un país donde, históricamente, la población es más receptiva a la inmigración que en otros lugares de occidente. Estudios sitúan a España entre los más proclives a aceptar migrantes y solicitantes de asilo. Es una combinación única: una economía que necesita mano de obra, un gobierno de centroizquierda con socios políticos pro-inmigración, migrantes principalmente latinoamericanos que se integran más fácilmente, y una sociedad que culturalmente es menos adversa. Por eso España se atreve donde otros se arredrán.