La política española enfrenta uno de sus escándalos de corrupción más delicados. Un juez de Madrid acusó formalmente a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, de cuatro delitos graves: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. El juez Fernando Peinado descartó solo uno de los delitos investigados inicialmente, el de intrusismo, pero dejó en claro en su resolución de casi 40 páginas que considera probables indicios de que la esposa del mandatario aprovechó su matrimonio con Pedro Sánchez para influir en autoridades y funcionarios en beneficio personal.

El caso central gira alrededor de una cátedra y un máster en la Universidad Complutense de Madrid que Gómez codirigía. Según el juez Peinado, esta posición académica no habría sido conseguida por mérito sino gracias al vínculo con la presidencia. El magistrado enfatizó que desde que Sánchez llegó a la Moncloa en 2018 hubo un "cambio en la trayectoria profesional" de Gómez, y subrayó incluso la ausencia de estudios universitarios formales de la pareja del presidente para reforzar su argumento. Peinado llegó a comparar las conductas supuestamente investigadas con "regímenes absolutistas" y señaló que algunos encuentros de trabajo fueron programados dentro de la sede presidencial misma.

Respecto a los fondos privados que Gómez buscaba captar, el juez sostiene que estos no eran destinados a la cátedra sino al patrimonio personal de la investigada, y los califica como posible "retribución encubierta" a cambio de ventajas comerciales futuras ligadas a contratos públicos. También acusa a Gómez y a su asesora Cristina Álvarez de malversación al considerar que se beneficiaron de trabajos pagados con fondos públicos que estaban fuera de sus funciones institucionales. Adicionalmente, el juez afirma que registró como propio un software desarrollado en la cátedra llamada de Transformación Social Competitiva, lo que configuraría apropiación indebida.

Con esta acusación formal termina la fase investigativa. Ahora el caso irá a juicio oral ante un jurado popular, que será quien determine si está probado o no lo que se le imputa, mientras que el juez dictará la sentencia final. La pareja presidencial ha negado todas las acusaciones, y tanto la Fiscalía como la defensa de Gómez pidieron el archivo del caso, pero el juez decidió continuar adelante.

Este proceso no es un caso aislado. El hermano del presidente, David Sánchez, también enfrenta una investigación por presunto tráfico de influencias en su contratación por un gobierno regional. Además, José Luis Ábalos, quien fue ministro de Transportes y fue considerado la "mano derecha" de Sánchez, fue juzgado recientemente por supuestos sobornos relacionados con contratos públicos. La investigación contra Begoña Gómez comenzó a partir de una demanda de la organización de extrema derecha Manos Limpias, que luego fue complementada con querellas adicionales de grupos como Hazte Oír y del partido Vox.