Después de cuatro décadas y media, España decidió abrir sus archivos sobre uno de los episodios más tensos de su historia reciente. El gobierno de Pedro Sánchez desclasificó esta semana los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuando la democracia española aún se tambaleba. La ministra portavoz Elma Saiz explicó que se trata de 153 unidades documentales que pueden consultarse libremente en la web de la Presidencia del Gobierno por investigadores, historiadores, periodistas y cualquier ciudadano interesado.

El argumento oficial es que estos documentos "no suponen un riesgo real y presente" después de tantos años. Sánchez había argumentado días antes que "la memoria no puede estar bajo llave", una frase que resume la decisión de transparencia. Los archivos ahora accesibles son toda la documentación clasificada que se ha encontrado sobre aquella asonada militar que pudo haber cambiado el rumbo de la transición democrática española.

Lo que ocurrió hace 45 años fue dramático: el teniente coronel Antonio Tejero, de la Guardia Civil, irrumpió pistola en mano en el Congreso durante una sesión de pleno. Secuestró a los diputados y al gobierno que estaban votando la elección de un nuevo presidente. Varios jefes militares se sumaron a la rebelión, pero todo se frenó cuando el rey Juan Carlos I, como jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó mediante un discurso televisado a las autoridades civiles y castrenses que tomaran las medidas necesarias para "mantener el orden constitucional".

Esos archivos desclasificados ahora podrían responder preguntas que han perseguido a historiadores durante décadas. ¿Fueron juzgados todos los implicados en la conspiración? ¿Quién tuvo conocimiento previo sin participación directa? ¿Cuál fue el papel exacto de los servicios de inteligencia y de la corona en los hechos? Son interrogantes que la apertura de archivos podría empezar a esclarecer.