La disputa por el uso de la marca Frisby en Europa entra en una nueva y complicada fase. La Oficina Española de Patentes y Marcas resolvió a favor de Frisby España S.L. y ordenó cancelar tres registros que tenía Frisby Colombia en el país. La decisión, tomada el 23 de abril de 2026, determinó que la empresa colombiana no comprobó un uso real de sus marcas en territorio español, requisito fundamental para mantener los derechos legales sobre ellas.

Los tres registros cancelados son "M2295550 FRISBY", "M2297279 FRISBY POLLO FRITO" y "M2297280 FRISBY POLLO FRITO", que estaban vigentes desde 2001. Según el análisis de la autoridad española, Frisby Colombia presentó pruebas insuficientes. La oficina evaluó descargas de aplicaciones, presencia en redes sociales, encuestas y declaraciones de terceros, pero las rechazó todas por no demostrar actividad comercial real en España. La decisión fue contundente: la OEPM señaló que "el uso del signo se realiza en Colombia" y que resulta "materialmente imposible que un consumidor en España pida comida a un restaurante situado en Colombia".

Para Frisby España, este pronunciamiento es un respaldo claro. Su representante legal, Charles Dupont, lo calificó como un "triple pronunciamiento favorable" al haberse aceptado completamente las tres solicitudes de caducidad. Esta decisión se suma a otra anterior de la Audiencia Provincial de Alicante del 24 de marzo de 2026, que dejó sin efecto una medida cautelar que había favorecido a la empresa colombiana.

Frisby Colombia, sin embargo, no se rinde. En un comunicado enfatizó que "el proceso legal principal no ha culminado" y que las decisiones conocidas son solo etapas dentro de un litigio más amplio. La compañía sostiene que sus marcas "se mantienen vigentes en España y en la Unión Europea" y rechaza cualquier interpretación sobre pérdida definitiva de derechos. Por su parte, Frisby España anunció que continuará con su expansión en Europa y planteó acciones legales para reclamar 200.000 euros por ganancias de cuatro meses y 500.000 euros adicionales por afectaciones en su operación.

El punto de quiebre final llegará cuando la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea emita su fallo. Este organismo evaluará la validez de la marca a nivel comunitario, analizando el mismo período revisado en España pero extendido a toda la Unión Europea. Mientras llega esa decisión, la disputa sigue abierta y se perfila como un caso de referencia sobre los límites del uso efectivo de marca en mercados internacionales y la importancia de tener presencia real en los territorios donde se busca protección legal.