España despertó este jueves con filas que no dejaban de crecer. En consulados de toda la nación, migrantes mayormente latinoamericanos y norteafricanos esperaban horas para iniciar los trámites de la regularización extraordinaria que prometía permisos de residencia y trabajo. Una colombiana que aguardaba con su hija lo resumió en pocas palabras: "Lo difícil para sacar la cita acá en el consulado es que la página se cae, no hay citas". El Gobierno español había planeado meticulosamente este lanzamiento, pero la realidad en las calles fue caótica desde el primer momento.

El proceso de solicitud arrancó por internet el 16 de abril, y a partir del 20 de abril se abrirían oficinas presenciales en cinco ciudades principales además de 60 sedes de la Seguridad Social y 371 oficinas de Correos. Se calcula que alrededor de medio millón de personas podrían beneficiarse. Sin embargo, los consulados no estaban preparados para la demanda. Un joven marroquí de 22 años que fue al consulado de su país en Madrid describió los problemas: "Aquí todo va tarde. Si quieres pedir cita, tarda un mes. Y una vez aquí, hay mucha gente, tienes que esperar cuarenta minutos como mínimo". La ironía fue que, aunque Marruecos lo pone fácil a sus ciudadanos, muchas otras naciones no. Argelia y Nigeria, por ejemplo, pusieron trabas adicionales para entregar los certificados de antecedentes penales que se exigían.

La confusión se multiplicó por un requisito que llegó a última hora: el "informe de vulnerabilidad". Este documento obligatorio para muchos solicitantes debía acreditar condiciones como falta de vivienda, dificultades para conseguir empleo o ingresos insuficientes. El problema era que solo ONG autorizadas por el Gobierno o servicios sociales podían expedirlo, y varias organizaciones reportaron que jóvenes migrantes creían que se quedarían fuera del proceso porque no confiaban en los servicios sociales locales.

El caos administrativo tuvo una consecuencia inesperada: los abogados se convirtieron en gurús. Una colombiana contó que ella y su familia se guiaban "por todo lo que dicen los abogados por TikTok" y por redes sociales. Los consulados, abrumados, ni siquiera tenían información clara del Gobierno español sobre los requisitos reales. Un empleado del consulado de Bolivia se quejó a la agencia EFE de que carecían de "información oficial sobre cuáles son los requisitos, por lo cual hay mucha desinformación", y lamentó que la palabra de los abogados en redes fuera considerada "santa" mientras se generaba desconfianza en las embajadas.

Paradójicamente, algunos países facilitaban los trámites en línea. Un chileno llamado Freddy Antonio que vive en España desde 2022 explicaba que desde Chile podía descargar su certificado de antecedentes penales apostillado en 10 segundos a través de su cuenta digital. Lo verdaderamente engorroso para él era demostrar que llegó a España antes del 1 de enero de 2026, un requisito clave del programa. Las pruebas aceptadas incluían padrones municipales, contratos de alquiler, recibos de servicios o certificados de envío de dinero, pero la información sobre cuáles documentos valían había sido contradictoria.

Otro obstáculo adicional: para acceder al formulario en línea se necesitaba una clave digital o firma electrónica, lo que requería tener un documento de identidad válido. Justamente eso era lo que los migrantes intentaban conseguir con la regularización. Por eso debían recurrir a abogados, apoderados u ONG. Las organizaciones se vieron desbordadas: grupos como Mujeres Pa'lante buscaban voluntarios con urgencia para hacer de intérpretes y gestores. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado aconsejaba "paciencia, prudencia y asesorarse bien", reconociendo que el caos era real.

Aunque el Tribunal Supremo rechazó una solicitud de una asociación de extrema derecha para suspender de urgencia la regularización, acordó redirigir el caso por la vía ordinaria y dio 10 días para que ambas partes presentaran sus argumentos. El permiso que se otorgaría sería válido por un año (cinco años para menores) y permitiría trabajar en cualquier sector dentro de España, pero no en otros países de Europa.