La situación en Villa Fátima sigue siendo un dolor de cabeza para Riohacha. La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira, conocida como Esepgua, volvió a llevar el asunto ante la justicia después de que un fallo de tutela del 27 de enero de 2026 ordenara activar completamente el sistema de alcantarillado del barrio. Lo que pasó es que el plazo que el juez fijó ya se venció y, según Esepgua, la orden aún no se cumple totalmente.

El impacto en la comunidad es real: las familias siguen conviviendo con fugas, encharcamientos de agua residual y una red sanitaria que no funciona como debería. Por eso Esepgua le pidió al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado que apriete las tuercas contra el Distrito de Riohacha y contra Aqualia, la empresa operadora del sistema. La gerente de Esepgua, Andreina García Pinto, fue clara en su crítica: "La gestión de Aqualia ha sido deficiente: retrasa los procesos, afecta la operación y termina perjudicando de manera grave a los usuarios".

Según Esepgua, hay obras específicas que quedaron pendientes: el cruce de las tuberías sobre el río Ranchería, la interconexión subfluvial y otras actividades que dice le corresponden a Aqualia ejecutar. Esepgua sostiene que ella cumplió al 100 por ciento con sus obligaciones: la línea de impulsión, la estación de bombeo y los componentes de infraestructura que le tocaban. Para demostrarlo, presentó ante el juzgado oficios y requerimientos enviados desde octubre de 2024 hasta abril de 2026.

Aqualia, por su lado, defiende su gestión. Manuel Olivella, gerente de la empresa, explicó que el contrato de Esepgua incluía el cruce por el río, pero que esa parte no se ejecutó "por razones que dijo desconocer". Olivella también mencionó que los tiempos se demoraron por decisiones técnicas y permisos ambientales. Según él, Aqualia ya ejecutó el 90 por ciento de sus obligaciones y sigue trabajando en lo que falta.

Lo cierto es que Villa Fátima lleva años con este problema y la gente está cansada. El barrio necesita una solución de fondo que garantice que los habitantes tengan un alcantarillado funcional y digno. Por eso Esepgua pidió al juzgado que ordene de inmediato a quien corresponda terminar las obras faltantes. La pelota está nuevamente en la cancha de la justicia, pero la urgencia es de la comunidad que vive con los riesgos sanitarios a diario.