La crisis sanitaria en Villa Fátima sigue sin resolverse. ESEPGUA, la empresa departamental que gestiona acueducto, alcantarillado y aseo en La Guajira, presentó ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Riohacha un memorial pidiendo que se requiera al Distrito de la ciudad y a la empresa operadora AQUALIA por no cumplir lo ordenado en una sentencia de tutela del 27 de enero de 2026.

Esa sentencia fue clara: poner en funcionamiento integral el sistema de alcantarillado del barrio. Las órdenes incluían resolver el cruce de tuberías sobre el río Ranchería, eliminar fugas y empozamientos de aguas residuales, y operar la estación de bombeo y la red sanitaria del sector. Pero el plazo que el juez otorgó ya se venció sin que todo esto se cumpliera, y la comunidad sigue padeciendo los riesgos sanitarios y ambientales.

Según ESEPGUA, ellos hicieron su parte. La entidad aseguró haber cumplido al cien por ciento todas sus obligaciones técnicas y contractuales: montaron la línea de impulsión, la estación de bombeo y los componentes de infraestructura que les correspondían. El problema, dice ESEPGUA, está en lo que no se ha hecho: el cruce subfluvial e interconexión sobre el río Ranchería, que serían responsabilidad de AQUALIA.

"La gestión de AQUALIA ha sido deficiente: retrasa los procesos, afecta la operación y termina perjudicando de manera grave a los usuarios. No es aceptable que Villa Fátima siga cargando con las consecuencias de su ineficiencia", dijo Andreina García Pinto, funcionaria de ESEPGUA.

La entidad también aclara que no hay impedimentos ambientales para avanzar. El permiso de ocupación de cauce ya fue otorgado por CORPOGUAJIRA mediante la Resolución 0113 del 26 de enero de 2026. ESEPGUA anexó al memorial toda la documentación que prueba los requerimientos que ha venido haciendo desde octubre de 2024 hasta abril de 2026, insistiendo en que AQUALIA ejecute las obras faltantes.

Ahora pide al juzgado que deje constancia de que ESEPGUA cumplió sus obligaciones y que requiera de manera inmediata a los responsables de las actividades pendientes. Lo que está en juego es garantizar que la sentencia se cumpla y que los habitantes de Villa Fátima dejen de vivir en condiciones que afectan su salud.