En materia de seguridad nacional los números no pueden fallar. Ese es el caso del Escudo Nacional Antidrones: un proyecto estratégico del gobierno Petro valorado en 6,2 billones de pesos para enfrentar la creciente amenaza de drones en manos de grupos armados. La magnitud es tal que ya ha atraído el interés de 117 empresas de 27 países, todas queriendo disputarse uno de los contratos más lucrativos y delicados del momento.

Pero hay un detalle que genera inquietud. Según pudo establecer EL COLOMBIANO en exclusiva, el Ministerio de Defensa simplemente no tiene ese dinero disponible en este momento. Aunque el proyecto cuenta con impulso político y cronogramas definidos —con pruebas de campo programadas entre marzo y abril—, la cartera no ha asegurado financiamiento inmediato. Esto significa que la ejecución real del proyecto, especialmente su primera fase presupuestada en 800 mil millones de pesos, quedará en manos del próximo gobierno.

El ministro Pedro Sánchez confirmó a EL COLOMBIANO que ya solicitó al Ministerio de Hacienda incluir el proyecto en la programación presupuestal para el periodo 2027 a 2030. "Ya se ha solicitado al Ministerio de Hacienda la inclusión del proyecto en la programación presupuestal, priorizando la primera fase —Antidrones— por $800.000 millones en 2026", señaló el titular de Defensa.

Mientras se resuelve la cuestión presupuestal, funcionarios de alto nivel han emprendido viajes internacionales. El propio ministro Sánchez ha visitado Washington y la feria de defensa DIMDEX en Doha. La viceministra Angélica Verbel ha viajado a Turquía y República Checa. En estos viajes, funcionarios han conocido empresas como MKE y Baykar, productoras del dron Bayraktar TB2. Esto ha generado cuestionamientos sobre si el proceso está realmente abierto a la competencia o si hay un direccionamiento hacia ciertos proveedores.

Lo que más ha llamado la atención es la participación del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, en la delegación a Turquía. La UNP depende del Ministerio del Interior, no de Defensa. Cuando EL COLOMBIANO preguntó sobre su presencia, el ministro Sánchez aclaró que "la participación de su director fue una decisión autónoma de esa entidad, con el propósito de conocer las tecnologías disponibles y evaluar su aplicación en esquemas de protección".

La Procuraduría General ha estado vigilante del asunto. El procurador delegado Marcio Melgosa confirmó que no existe estructuración completa del proyecto. "Sin embargo, no les han entregado el PAC —Plan Anual de Adquisiciones—, que es básicamente la disponibilidad de recursos. No hay estructuración. Sin ese PAC no pueden avanzar en la contratación", afirmó Melgosa a EL COLOMBIANO. Aclaró que por ahora la Procuraduría mantiene vigilancia cercana pero reconoce que no puede abrir investigaciones sobre algo que todavía está en fase preliminar.

Sánchez defiende el proceso como transparente y riguroso. Subraya que actualmente hay más de 40 empresas interesadas en las pruebas técnicas, lo que "evidencia una libre concurrencia y garantiza una competencia objetiva". El ministro insiste en que "todas las empresas tienen acceso a la misma información y existe un único canal oficial de comunicación" y que la decisión final será "estrictamente técnica, considerando adicionalmente factores financieros y jurídicos".

La urgencia es innegable: drones con explosivos han causado 435 heridos y 53 uniformados muertos desde 2024. El gobierno necesita respuestas rápidas. Pero mientras el proyecto avanza en sus fases exploratorias, la pregunta sobre quién pagará realmente por esta ambiciosa compra sigue sin respuesta clara.