Una investigación de la Fiscalía que reveló la revista Semana sacó a la luz lo que muchos sospechaban: la cárcel de Itagüí se convirtió en un club nocturno de lujo para los narcotraficantes más peligrosos del país. Un guardián del Inpec fue la pieza clave de esta operación ilícita, encargándose de organizar fiestas desenfrenadas mientras acumulaba una fortuna a costa de los dineros de estos criminales. Todo esto ocurrió bajo el paraguas de los diálogos de paz, beneficiando a los mismos jefes de bandas que participaron en el controvertido encuentro conocido como "tarimazo" con el presidente Gustavo Petro y la senadora Isabel Zuleta.

El pabellón de máxima seguridad del penal se transformó en un escenario de excesos donde los límites entre la reclusión y la libertad se borraron completamente. La Fiscalía documentó al menos cuatro eventos similares: desde marranadas denunciadas por los propios funcionarios del Inpec, hasta celebraciones con entrada de prostitutas por la puerta principal sin ningún registro oficial. Todo esto pasó bajo el supuesto control de las autoridades carcelarias.

El evento que expuso todo fue una parranda vallenata con la presentación del cantante Nelson Velásquez. Según la investigación de la concejal Claudia Carrasquilla, este festejo superó los 500 millones de pesos. Para que nada interrumpiera la fiesta, los internos pagaron 100 millones de pesos en sobornos que se repartieron entre los guardias que miraban para otro lado, incluyendo al anfitrión de este montaje corrupto.

Lo más grave es que estas denuncias no son nuevas. Hace más de un año, la entonces ministra de Justicia Ángela María Buitrago le entregó un informe directamente al presidente Petro advirtiendo de estas irregularidades. El documento incluso señalaba que la senadora Isabel Cristina Zuleta había interferido dando órdenes para frenar los operativos de inspección dentro de la cárcel. A pesar de esto, el escándalo sólo explotó cuando salió a la luz pública.

Ahora la Procuraduría reabrió formalmente la investigación y amplió el proceso disciplinario a 12 funcionarios del Inpec, incluyendo al director del centro de reclusión. Pero la pregunta que queda flotando en el aire es cómo fue posible que durante más de un año estas advertencias permanecieran en los escritorios de funcionarios de alto nivel sin que se tomaran acciones contundentes. Como escribió Semana, estos criminales "convirtieron su deuda con la justicia en una temporada de descanso con el salvoconducto de la paz total."