EPM está en alerta roja. El robo de cables en toda Antioquia y el Valle de Aburrá se convirtió en una pesadilla para la empresa de servicios, que ve cómo estos delitos ponen en riesgo el suministro de energía para miles de familias, negocios e industrias. El problema es tan serio que la compañía decidió hacer un llamado de atención público sobre lo que está pasando.

Los números hablan solos y asustan. Entre 2024 y 2025, EPM tuvo que invertir más de 7.200 millones de pesos solo para reparar los daños causados por robo de cables y vandalismo. Pero lo peor vino después: en lo corrido de 2026, apenas los daños a la red subterránea ya representan pérdidas cercanas a los 25.000 millones de pesos. Más de 763.000 clientes han experimentado interrupciones del servicio relacionadas con estos hechos, y cuando se va la luz, se va en promedio por casi 25 horas.

Los principales focos de robo están en el Bajo Cauca, norte y nordeste de Antioquia, además de Medellín y municipios como Bello, Caldas, La Estrella y Envigado. Según EPM, estos delincuentes van por el cobre de la infraestructura eléctrica, que luego venden ilegalmente. Pero no solo se roban cables: también dañan transformadores, luminarias, medidores, acometidas y sistemas de protección. Algunos aprovechan para dejar aceites, pinturas y solventes en las cámaras subterráneas, lo que deteriora todo y aumenta el riesgo de fallas más graves.

EPM reforzó sus medidas de seguridad con monitoreo permanente, barreras físicas, sistemas de alarma y controles de acceso en instalaciones estratégicas. También colabora con las autoridades para atrapar a los responsables. Y aquí viene lo importante: según el Código Penal Colombiano, quienes participen en estos delitos podrían enfrentar penas de hasta 21 años de prisión. Es decir, no es un juego.