Entregan cuerpo de adolescente venezolano asesinado en La Guajira tras cinco meses de espera

Después de cinco meses de trámites judiciales y forenses, Medicina Legal entregó el cuerpo de Gabriel Enrique Fernández Bermúdez, un adolescente venezolano de 15 años asesinado en diciembre en Dibulla, La Guajira. Su madre pudo finalmente darle sepultura en El Hatico. Las autoridades judicializaron a María Mónica Quiñones Graciano, identificada como cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, presuntamente responsable del crimen.
Cinco meses de angustia llegaron a su fin para la familia de Gabriel Enrique Fernández Bermúdez. El adolescente venezolano de 15 años fue asesinado en diciembre pasado en el corregimiento de Mingueo, en Dibulla, La Guajira, en circunstancias que sacudieron a toda la región por su extrema violencia. Esta semana, Medicina Legal hizo entrega formal de sus restos a sus familiares, quienes pudieron cumplir finalmente con el sepelio en el cementerio del corregimiento de El Hatico, en Fonseca.
El asesinato ocurrió en un contexto de tensión comunitaria. Según las investigaciones, Gabriel Enrique había sido señalado por habitantes de la zona de estar presuntamente involucrado en la muerte de una niña de tres años. Esta acusación desencadenó su detención y posterior homicidio, lo que las autoridades califican como un acto de justicia ilegal, posiblemente ejecutado por miembros de la comunidad o grupos armados que operan en el territorio.
Un avance importante en el caso se produjo el pasado 8 de mayo, cuando las autoridades judicializaron a María Mónica Quiñones Graciano, conocida en círculos criminales como "La Tía" o "La Mona". La Fiscalía la señala como presunta cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, un grupo armado ilegal con influencia en varios municipios de La Guajira y el Cesar. Se le atribuye participación determinante en el homicidio del adolescente.
Aunque la entrega del cuerpo permitió a la familia cerrar al menos en lo religioso y emocional este capítulo doloroso, la investigación continúa abierta. Las autoridades judiciales trabajan junto con la Fiscalía General de la Nación para esclarecer completamente los hechos, determinar responsabilidades y definir el papel exacto de los grupos armados ilegales. No descartan nuevas capturas en las próximas semanas.
El caso ha generado rechazo entre defensores de derechos humanos y organismos internacionales por la vulnerabilidad del menor, quien además era migrante venezolano. Las autoridades han reiterado su compromiso de garantizar que todos los responsables, tanto autores materiales como intelectuales, comparezcan ante la justicia. Mientras tanto, la madre del adolescente intenta reconstruir su vida en medio del dolor de una pérdida violenta e injusta.
Fuente original: La Guajira Noticias

