La situación de seguridad en el norte antioqueño sigue deteriorándose. En lo que va de este año, el municipio de Segovia ha vivido cuatro eventos donde las autoridades han tenido que confinar a la población en zonas rurales, restringiendo su libre movilidad por razones de orden público. Detrás de estas medidas extremas hay un conflicto territorial entre organizaciones criminales que no deja de recrudecer.

Los números son preocupantes. Aproximadamente 200 personas, agrupadas en unas 83 familias, han tenido que abandonar sus territorios en la subregión por culpa de las disputas entre grupos armados ilegales. Estas familias se están trasladando hacia las zonas urbanas buscando desesperadamente seguridad. Las organizaciones de derechos humanos Cahucopana y Corpades advirtieron recientemente sobre la presencia de un grupo armado ilegal en la vereda Lejanía, en el área rural de Remedios. Las comunidades campesinas y minero-agrarias del sector viven en tensión constante. Ambas corporaciones hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para que verifiquen la situación en terreno, activen protecciones y mantengan acompañamiento humanitario permanente.

El conflicto principal enfrenta al Clan del Golfo contra el Frente 4 de las disidencias de las Farc. Los combates más intensos se han concentrado en la vereda Río Bagre, una zona rural entre Remedios y Segovia, donde ambas organizaciones luchan por controlar actividades ilícitas. Lo más alarmante es que los enfrentamientos han escalonado: las autoridades han documentado el uso de drones con explosivos, un nivel de sofisticación armada que ha obligado a los pobladores a huir de sus hogares. En los últimos días se han reportado cuatro muertes de presuntos miembros del Clan del Golfo en estos combates.