Colombia está al borde de un apagón. No es una exageración ni un pronóstico catastrofista, sino la realidad que enfrentará el próximo presidente de la República. El país no solo necesita garantizar el suministro de gas natural y reactivar la exploración de petróleo, sino que debe hacerlo ya. La demanda de energía crece casi al 4% anual mientras los proyectos nuevos se quedan estancados en trámites ambientales y conexiones al sistema nacional de transmisión.

El sector energético es la columna vertebral de la economía colombiana. Con las políticas adecuadas y reglas claras, puede aportar más del 50% de las exportaciones totales, cerca del 30% de la inversión extranjera directa y alrededor del 20% de los ingresos corrientes de la Nación. Las regalías que genera representan prácticamente un tercio de los presupuestos de inversión de alcaldías y gobernaciones, además de contribuir aproximadamente el 7% del PIB. Dicho de otra forma: sin energía segura, las regiones no pueden crecer.

El diagnóstico está claro. Según estimaciones de XM, la empresa que opera el mercado eléctrico, la energía firme entrará en déficit a partir de este año. Las proyecciones son preocupantes: entre 2027 y 2028 la situación se deteriorará significativamente, con brechas superiores a 60 GWh por día hacia mediados de la próxima década. La subasta del Cargo por Confiabilidad de 2024 fue un síntoma de alarma: solo se asignaron 11 GWh diarios nuevos, menos del 40% de lo que se necesita para ese período crítico.

El problema tiene múltiples causas. La volatilidad regulatoria, la falta de señales claras de precios y el riesgo político han alejado tanto a inversionistas nacionales como extranjeros. Los retrasos en transmisión eléctrica oscilan entre 2,7 y 6,4 años, bloqueando proyectos renovables en La Guajira, expansiones en el Valle del Cauca y la Costa Caribe, además de obras críticas en el centro del país. Sin una infraestructura más fuerte, la transición energética no es viable y la seguridad energética nacional queda en riesgo.

Las soluciones exigen decisión política y capacidad técnica. El nuevo gobierno debe reformar integralmente el Cargo por Confiabilidad para remunerar adecuadamente el respaldo térmico y el almacenamiento. También necesita implementar un Plan Térmico 2030 que repotencialice plantas existentes y acelere la entrada de nuevos proyectos. Igualmente crucial es destrabar los proyectos renovables en La Guajira mediante un acuerdo nacional que garantice su operación, además de reforzar la gobernanza del sector para proteger sus instituciones técnicas de interferencias políticas.

Las inversiones necesarias son cuantiosas: más de 40 billones de pesos en la próxima década. Aproximadamente 18 billones para generación, 12 billones para transmisión y 10 billones para distribución. Es una cifra grande, pero el costo de la inacción es infinitamente mayor. Sin energía confiable y competitiva, Colombia no tiene futuro económico. Sin reglas claras, los inversionistas no llegan. Sin inversión, el desarrollo se detiene. El reloj está corriendo.