Colombia lleva cinco meses para el final del cuatrienio actual sin lograr completar la Hoja de ruta de la Transición energética que fue mandatada por la Ley 2294 de 2023. Aunque existe documentación sobre el tema, estos solo son insumos sin armar, como unas piezas de lego tiradas en el piso. Esto le deja al próximo gobierno un panorama energético complicado que requiere decisiones rápidas y contundentes.

El problema más urgente es financiero. El sector eléctrico corre riesgo de lo que organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría han llamado reiteradamente un "apagón financiero". La Nación debe pagar 3.6 billones de pesos de deuda por subsidios de energía en estratos 1, 2 y 3, más otros 3.2 billones por la opción tarifaria. Este dinero no pagado puede generar un efecto dominó que comprometa la confiabilidad del sistema interconectado nacional, según ha advertido la firma XM que lo opera.

Pero hay también un problema de capacidad. Colombia tiene hoy un déficit de oferta de energía firme de 2.2% para 2026, lo que equivale a unos 250 a 300 megavatios faltantes, similar al consumo total de una ciudad como Bucaramanga. El problema se agravará porque se necesitan 6.000 megavatios más antes de 2027, mientras la demanda crece por encima del 4% anual. Más de 4.000 megavatios de proyectos ya iniciados están atrasados en su ejecución.

El próximo gobierno debe catalogar como proyectos de interés nacional estratégico los 16 parques eólicos planeados en La Guajira y los proyectos de transmisión asociados. Existen leyes que establecen que los proyectos eléctricos son de utilidad pública e interés social, lo que significa que el interés general debe primar sobre el de particulares. También es necesario que el Congreso tramite una ley que reglamente las consultas previas, mecanismo que ha ralentizado varios proyectos.

La transición energética que Colombia necesita no es reemplazar sus fuentes convencionales por renovables, sino integrar fuentes no convencionales como eólica y solar para diversificar la matriz eléctrica. El país no puede prescindir del carbón y los hidrocarburos, que son sus principales renglones de exportación y fuentes de divisas. Por eso el próximo gobierno debe levantar la moratoria en contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, e implementar técnicas como el fracking 6.0 que mitigan impacto ambiental, para recuperar la autosuficiencia de gas natural que se ha perdido.

Un reto adicional es proteger los biocombustibles. La propia Agencia Internacional de Energía, a la cual Colombia acaba de ingresar, reconoce que "son una pieza clave dentro de la estrategia global para descarbonizar la economía". Sin embargo, el actual gobierno los desprotegió permitiendo invasión de etanol subsidiado desde Estados Unidos con prácticas de dumping, sumiendo a la industria en crisis y afectando empleo agroindustrial. El próximo gobierno debe restablecer protecciones permitiendo importaciones solo para cubrir déficit, e incluso aumentar el porcentaje de mezclas de biocombustibles, lo que reduciría importaciones de gasolina que hoy alcanzan 40% y de diésel en 15%.

El desafío energético de los próximos años no se resuelve apresurándose. Como dijo Keynes a Roosevelt, "apresurarse sería dañino cuando lograr la meta de largo plazo es más importante que el resultado inmediato". Pero tampoco se resuelve sin actuar. El próximo gobierno debe poner la vela donde sopla el viento, nunca pretender que el viento sople donde uno pone la vela.