A una semana de las elecciones presidenciales de 2018, las principales encuestadoras del país coincidían en un ganador: Iván Duque. Invamer lo proyectaba con 41,5 por ciento de intención de voto, mientras que Cifras y Conceptos lo mostraba con 34 por ciento. Gustavo Petro aparecía como segundo, entre 24 y 29 por ciento según la firma. El problema fue Sergio Fajardo: las encuestas lo ubicaban entre 11 y 16 por ciento, pero en la realidad casi logra el segundo lugar. Las encuestadoras subestimaron su poder de convocatoria.

Cuatro años después, en 2022, las cosas fueron diferentes. Una semana antes de la primera vuelta, todas las firmas coincidían: Gustavo Petro encabezaba las mediciones entre 37,9 y 41 por ciento. Esta vez acertaron. Sin embargo, volvieron a cometer un error al proyectar a Federico Gutiérrez como segundo, dejando a Rodolfo Hernández en tercera posición. Hernández terminó en la segunda vuelta mientras que Gutiérrez quedó eliminado.

Para las próximas elecciones presidenciales del 31 de mayo, Iván Cepeda emerge como favorito según las últimas mediciones de Guarumo e Invamer, aunque otras firmas como el Centro Nacional de Consultoría y Atlas Intel muestran un margen mucho más estrecho e incluso un empate técnico con Abelardo de la Espriella. Lo que sí parece claro en todos los sondeos es que ningún candidato alcanzará la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta, lo que significa que los colombianos tendrán que asistir a una segunda jornada electoral.

El historial de aciertos y errores de las encuestadoras ha generado inquietudes sobre su capacidad predictiva, y por eso el Congreso aprobó la Ley 2494 de 2025 para regular más estrictamente el sector. La nueva normativa exige que solo las firmas registradas ante el Consejo Nacional Electoral publiquen encuestas de intención de voto y establece requisitos técnicos más rigurosos. Además, prohíbe la publicación de sondeos hasta tres meses antes del inicio de la inscripción de candidaturas.

Los cambios han tenido un impacto visible. Varias encuestadoras dejaron de publicar sus resultados, y las que continuaron lo hacen con menor frecuencia. La firma GAD3, por ejemplo, suspendió sus publicaciones a inicios de mayo argumentando que las exigencias técnicas impuestas eran imposibles de garantizar. Por su parte, Atlas Intel, una de las que aún publica, enfrenta una investigación del Consejo Nacional Electoral por posibles irregularidades técnicas en la elaboración y divulgación de sus sondeos.

El balance es complejo: las encuestas han logrado identificar correctamente a los candidatos con mayor intención de voto, pero han fallado sistemáticamente al subestimar movimientos políticos emergentes o candidaturas que ganaban fuerza durante la campaña. Los colombianos, atentos a las cifras que circulan, saben que los números de las encuestadoras son una aproximación útil, pero no la verdad absoluta.