La renuncia de GAD3 a continuar con mediciones en Colombia por las restrictivas exigencias de la Comisión Técnica del Consejo Nacional Electoral ha destapado un problema mucho más profundo en el sector encuestador del país. Otras firmas importantes se han pronunciado y todas coinciden en que existe una interpretación de la ley que está dejando sin piso la labor de medir la opinión pública.

Andrei Román, CEO de Atlas Intel, fue claro en su diagnóstico. Afirmó que "los puntos que la comisión técnica ha formulado no serían adecuadamente incorporados ni serían posibles en ninguna metodología de una encuestadora". Según su análisis, "al seguir las orientaciones de la comisión técnica, la conclusión más lógica es que nada podría publicarse porque nada puede respetar los criterios que ellos han demandado". A pesar de considerar estas exigencias "absurdas", Román no descarta continuar en Colombia, pero pide que sea la Sala Plena del CNE la que se pronuncie oficialmente, no una comisión de expertos.

Desde el Centro Nacional de Consultoría, su presidente Pablo Lemoine también confirmó los problemas. Señaló que están "obsesionados con una única manera de hacer encuestas" y que cualquier metodología diferente es rechazada. El verdadero reto, explicó, es que la prohibición de encuestas telefónicas les impide llegar a la dispersión territorial que antes tenían: "Con lo telefónico nosotros llegábamos a 200 municipios, pero el Consejo Electoral ha estado en contra de esa metodología". A pesar de su desacuerdo, Lemoine manifestó que continuarán adelante cumpliendo la norma, aunque cuestiona cómo la interpreta el CNE.

Víctor Muñoz, cofundador de Guarumo, fue más allá en sus revelaciones. Confirmó que la encuestadora ha contemplado la posibilidad de retirarse no solo de las elecciones presidenciales actuales, sino también de los comicios regionales del próximo año. "Obviamente el proceso ha sido dispendioso, ha sido complejo, no ha sido sencillo", aseguró. El directivo cree que el verdadero problema no es la ley en sí, sino cómo se está aplicando de manera cada vez más restrictiva.

Mientras tanto, el CNE tiene previsto reunirse en los próximos días para examinar cómo actúa la comisión técnica de encuestas. Además, existe esperanza en el sector de que la Corte Constitucional se pronuncie pronto sobre el tema, ya que admitió una demanda interpuesta contra esta nueva disposición.