En Uribia, capital indígena de Colombia, ocurre algo que suena inverosímil pero tiene pruebas detrás. Los maestros consignan dinero de sus propios sueldos a líderes y autoridades tradicionales para que los dejen trabajar. No es una queja aislada ni un problema menor: es un sistema perverso montado sobre las buenas intenciones de los decretos 2500 de 2010 y 1953 de 2014, que buscaban reivindicar la autonomía cultural del pueblo wayuu a través de un modelo educativo propio. Pero en la práctica, esa noble intención se convirtió en una máquina de extorsión.

El panorama es desolador. Maestros que costean de su bolsillo el transporte escolar, que construyen con dinero propio las enramadas donde dictan clases, y que llegan al absurdo de pagarles a padres de familia para que matriculen a sus hijos, solo para alcanzar la cobertura que exige el contrato. Un licenciado en Uribia gana un millón de pesos menos que uno en Maicao, a pesar de que las condiciones geográficas en Uribia son de extrema dificultad. Llevan cinco años devengando lo mismo sin reconocimiento ni del IPC. Un profesional universitario percibe casi lo mismo que un bachiller en labores de primera infancia. Eso, como dice el columnista, no es etnoeducación: es una sinvergüenzura institucionalizada.

El alcalde de Uribia conoce toda esta realidad. Lo sabe todo. Y no hace nada al respecto. Su silencio no es negligencia sino complicidad directa. Como entidad territorial certificada, tiene la obligación constitucional de garantizar una educación adecuada, pero permanece inmóvil ante la extorsión y la precarización de quienes enseñan en territorios sin aulas dignas.

Los sindicatos de maestros también cargan con responsabilidad en este abandono. Solo aparecen para cobrar cuotas de afiliación, nunca para defender a sus agremiados del abuso sistemático. Ese abandono gremial es tan grave como el del Estado mismo.

Existe una salida. El Decreto 1345 de 2023 creó un régimen de carrera especial para Dinamizadores Pedagógicos o Educadores Indígenas, permitiendo su nombramiento en propiedad en la planta de personal. Implementar esto en Uribia acabaría con ese mercado de la dignidad humana. Un maestro nombrado no tiene que pagarle a nadie para enseñar.

El columnista hace un llamado urgente: que el alcalde ponga orden, que la Gobernación de La Guajira intervenga, que el Ministerio de Educación investigue, que la Procuraduría actúe de oficio y que la Defensoría del Pueblo proteja a estos educadores que viven amordazados por el miedo. Porque mejorar la calidad de vida de un educador no es gasto: es la mejor inversión que puede hacer cualquier sociedad.