En municipios como Planadas, Rioblanco, Chaparral, San Antonio y Roncesvalles del sur tolimense, la vida cotidiana transcurre bajo un control que no viene del Estado, sino de las armas. Las disidencias de Iván Mordisco han implantado un sistema de carnetización que obliga a los habitantes a portar documentos ilegales, como si se tratara de la tarjeta de entrada a un colegio o una empresa. Pero en este caso, el propósito es dominar territorios, vigilar a la población y mantenerla intimidada.

La Defensoría del Pueblo documentó en un informe estas prácticas de control social que van desde restricciones a la movilidad hasta la imposición de normas paralelas a la institucionalidad. Cristian Martínez, coordinador de la Misión de Observación Electoral en Tolima, explicó que "hay mecanismos de registros comunitarios para condicionar el acceso a bienes, servicios o circulación, e incluso imposición de normas de convivencia y reglas comunitarias ajenas a la legalidad y los mecanismos constitucionales". Con esos carnés, los grupos armados llevan un registro detallado de cada habitante: quién vive en el territorio, a qué se dedica y cómo se moviliza. Quien llegue de otra región sin ese documento puede ser retenido en retenes ilegales o sometido a controles adicionales de los que poco se conoce.

El alcance del dominio territorial llegó hasta interferir en procesos electorales. Durante las legislativas del 8 de marzo pasado, candidatos de la región reportaron que alias Chapoló, comandante de las disidencias en la zona, impartía órdenes directas sobre aspectos tan cotidianos como la comida. Según Martínez, "Chapoló estaba directamente dando órdenes de que no se pudiera comercializar lechona ni tamal para los testigos electorales y que tenía que ser carne asada". El argumento del comandante armado era que se debía "dignificar" el trabajo de quienes participaban en campañas políticas.

Frente a esta realidad de riesgo electoral, la Misión de Observación Electoral despliegará 90 observadores en Tolima para las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Cerca de la mitad se concentrará en Ibagué y el resto en 16 municipios para monitorear irregularidades y afectaciones al proceso. Sin embargo, Martínez reconoció que el clima de inseguridad en varias regiones genera preocupación: "Nosotros somos ciudadanos comunes y estamos expuestos igual que cualquier ciudadano para las elecciones del próximo 31 de mayo. No tenemos ningún privilegio aparte".