En el Magdalena, el Estado ya no gobierna. Quienes verdaderamente ejercen el poder son los grupos armados que se disputan territorios, rutas y obediencias en una confrontación que debería ser entre la institucionalidad y el crimen, pero que terminó siendo una guerra entre bandas criminales por el control del departamento.

Los números hablan solos: asesinatos diarios, masacres que dejaron de generar conmoción, un miedo que se convirtió en algo normal. Pero lo más grave es que los criminales han establecido un sistema judicial alterno que funciona. Resuelven disputas vecinales, cobran deudas, dirimen conflictos familiares. Una amenaza armada vale hoy más que un proceso legal. La gente prefiere pagar comisión a los violentos antes que acudir a los juzgados. Ese es el nivel de degradación institucional alcanzado.

Recientemente circuló la noticia de un operativo contra uno de los criminales más peligrosos. El resultado fue caótico: versiones contradictorias, comunicados confusos y un Ejército Nacional que pareciera actuar con "inoperancia cuidadosamente calculada". El delincuente escapó. Y luego se burló del Estado colombiano en TikTok, sin miedo, sin pudor. Esa imagen resume la tragedia: el Estado persigue y falla; el criminal manda, escapa y se exhibe.

Lo que llama la atención es el silencio ensordecedor de la clase política. En plena campaña electoral, ni un solo candidato se ha atrevido a hablar claro sobre quién realmente gobierna en el Magdalena. Solo hay tamboras, abrazos calculados y fotografías de millonarios junto a poblaciones empobrecidas, como si el problema fuera falta de optimismo y no la ausencia total de autoridad estatal.

Ese silencio tiene dos explicaciones posibles. La primera: alianzas criminales locales, pactos parapolíticos discretos donde se negocia quién gobierna y qué grupos garantizan "orden" el día de las elecciones. La segunda: miedo real y concreto. La certeza de que enfrentar a los armados puede costar la vida. Pero ambas confesiones son devastadoras: nuestros políticos no se sienten capaces de gobernar donde ya gobiernan quienes tienen armas.

Quien escribe esta crítica se identifica como liberal de derecha y la dirige a su propio espectro ideológico, no como ataque personal sino como llamado urgente a corregirnos. La derecha dice tener las llaves de la solución: orden, autoridad, imperio de la ley. Sin embargo, en el Magdalena la derecha está electoralmente viva pero moralmente muerta. Sin referentes éticos, sin carácter, administrando silencios y confundiendo prudencia con cobardía.

La crisis de seguridad no se quedará donde está. Avanza. Lo que hoy ocurre en barrios periféricos mañana tocará puertas de oficinas administrativas, empresas y juzgados. Y cuando el Estado abdica, el crimen no se conforma con las esquinas. El bandido no distingue ideologías ni apellidos, solo reconoce dos categorías: el obediente y el enemigo.

Aquí no hay vacío de poder. Hay poder criminal consolidado, un Estado reducido a comunicados y una dirigencia que prefiere callarse porque hablar cuesta, y en el Magdalena, callar sigue siendo más rentable.