El crimen de Luis Carlos Vallejo Román sacudió al departamento del Cauca y trajo consigo una grave denuncia sobre la coerción electoral. Paloma Valencia, quien aspira a la presidencia por el Centro Democrático, llegó a la región y no dudó en rechazar el asesinato del exdiputado. Lo que más le preocupó fue el patrón que vio detrás: un líder político fue eliminado porque se negó a obedecer órdenes de grupos armados ilegales.

"Da tristeza llegar al departamento del Cauca y encontrarse con que el exdiputado Luis Carlos Vallejo fue asesinado y tiene síntomas de haber sido torturado. Todo porque no quiso hacerle caso a los grupos ilegales que le ordenaban votar por un determinado candidato y él hizo campaña por otro", afirmó Valencia. Sus palabras reflejaban preocupación no solo por un crimen aislado, sino por un problema más profundo que está afectando a toda la región.

Vallejo Román fue secuestrado el 8 de marzo, justo durante la jornada de elecciones legislativas, cuando se encontraba en una zona rural del municipio de López de Micay. Su cuerpo fue encontrado el 1 de abril en una vereda de difícil acceso. Los reportes iniciales confirmaron que presentaba señales de tortura, lo que elevó la indignación entre sectores de la sociedad que exigían justicia.

El exdiputado era un reconocido defensor de derechos territoriales y un referente comunitario afrodescendiente con trayectoria en organizaciones sociales. Su muerte se suma a una lista larga de líderes asesinados en regiones donde los grupos armados ilegales tienen más poder que las instituciones del Estado. Valencia fue clara al vincular esto con el sistema electoral: "En el Cauca son los fusiles de los que manejan la droga y que apoyan a Cepeda los que están imponiendo el voto".

La candidata hizo un llamado directo a los electores caucanos para que rompan esa cadena de intimidación. "Votemos, caucanos, en contra de esta esclavitud en la que nos tienen sometidos", agregó, enfatizando que la libertad para elegir debe ser un derecho garantizado.

Otras instituciones también levantaron la voz. La Defensoría del Pueblo lamentó la pérdida de Vallejo Román y exigió investigaciones exhaustivas junto con medidas de protección para líderes sociales en zonas de alto riesgo. La Fiscalía General y la Policía indicaron que sus equipos especializados siguen trabajando para identificar a los responsables del homicidio y otros hechos violentos que han marcado el panorama electoral reciente en la región.