Alejandrina Guasorna descubrió de grande algo que le habían hecho el día de su nacimiento: fue sometida a una mutilación genital. Hoy, a los 74 años, esta agricultora y expartera de Pueblo Rico en Risaralda recuerda que en su infancia esto parecía completamente natural. "Traían niñas muertas a cada momento. Pensábamos que era normal", cuenta.

En las montañas cafeteras de Risaralda, en territorios de los pueblos embera chamí y katío, la ablación del clítoris sigue afectando a cientos de recién nacidas. Las parteras realizan la mutilación en cuartos cerrados usando herramientas rudimentarias como navajas o clavos calentados al fuego. Aunque la práctica tiene raíces profundas, estudiosos creen que llegó desde África durante el periodo colonial y se transmitió a algunas comunidades indígenas. Lo cierto es que ha provocado hemorragias, infecciones y muertes de bebés que muchas veces nunca quedaron registradas en cifra alguna.

El problema es invisible pero devastador. Entre 2020 y 2025, la organización Equality Now documentó 204 mutilaciones genitales en Colombia, el único país de América Latina donde se practica. Sin embargo, la cifra real probablemente sea mucho mayor. Sarita Patiño, médica del hospital de Pueblo Rico que atiende la mayoría de estos casos, explica que "hay un subregistro increíble". Solo en lo que va del año ya suma seis casos, el más reciente una bebé de seis meses que llegó con fiebre en febrero.

Las consecuencias van más allá del dolor inmediato. Francia Giraldo, líder embera y primera mujer gobernadora de su comunidad, relata que muchas niñas mueren sin llegar jamás a un hospital. Se "vacían de sangre" y "algunas (madres) no las llevan al hospital, las entierran" directamente, sin que exista registro de nacimiento ni defunción. Etelbina Queragama, una mujer de 63 años, describe con dolor el daño duradero: "nunca" sintió "nada" durante las relaciones sexuales, solo "dolores". En estas comunidades aún pervive la creencia de que las niñas sin mutilación serán promiscuas o que el clítoris crecerá de forma anormal.

Frente a esta realidad, líderes embera y la congresista Carolina Giraldo presentaron un proyecto de ley que avanza en el Congreso. Su propósito es prohibir la práctica sin encarcelar a las parteras, a quienes consideran víctimas de la "falta de información". El enfoque se centra en planes de prevención y educación en los territorios indígenas. Francia Giraldo insiste en que su deseo es que "mujeres que defienden los derechos de las mujeres" lleguen a los lugares más apartados para crear conciencia contra la mutilación.

El proyecto no enfrenta oposición, pero corre contra el reloj: debe superar su debate final en el Senado antes del 20 de junio, cuando termina el periodo legislativo. Mientras tanto, el silencio sigue siendo el mayor aliado de la práctica. Cuando se aborda el tema en las comunidades, muchas mujeres miran hacia otro lado o guardan silencio, visiblemente incómodas. Bajo la jurisdicción indígena, la mutilación se castiga con el cepo, un instrumento de castigo físico, pero los casos permanecen privados, perpetuando un ciclo que ha durado generaciones.