La paz electoral en el Valle del Cauca y el Cauca pende de un hilo. Durante una maratón organizada por EL TIEMPO y la Procuraduría General de la Nación, líderes empresariales, autoridades locales y gremios se reunieron en Cali para analizar cómo la ola de violencia que atraviesa el suroccidente colombiano pone en jaque las garantías para que los ciudadanos puedan votar libremente en 2026.

El panorama que pintaron fue desolador. Claudia Calero, presidenta de Asocaña, fue directa: el sector azucarero reportó "1.041 eventos de inseguridad" en 2025, el año más violento en la historia de la producción de caña. Seis trabajadores fueron asesinados, más de diez heridos y cerca de 700 casos de robo. La situación, según ella, interrumpe las cadenas de producción y pone en riesgo las vidas de las comunidades. Calero hizo un llamado al Gobierno nacional para controlar la violencia, recordando que en 2023 una mesa de diálogos había logrado frenar las invasiones de tierras en el norte del Cauca.

Harold Londoño, de la Cámara de Comercio de Cali, amplió la radiografía del problema. Los bloqueos en la vía Panamericana no solo afectan la movilidad, sino que golpean de frente las finanzas departamentales. Ecuador, el segundo importador de productos vallecaucanos, recibió más de 300 millones de dólares desde el Valle en 2025. Esos bloqueos, explicó, son "un golpe grave" a la economía regional y generan incertidumbre que ahuyenta la inversión.

Juan Manuel Sanclemente, del Comité Intergremial del Valle, fue más allá del diagnóstico. Pidió que quienquiera que gane la presidencia "gobierne para todos. Ser el presidente de todos los colombianos, de los empresarios, de las madres cabeza de hogar", y que se fortalezca la productividad priorizando regiones que históricamente han quedado rezagadas. También reclamó proyectos concretos como el acueducto de Buenaventura, la vía Mulaló-Loboguerrero y el tren de cercanías.

Pero el verdadero punto de quiebre está en los municipios pequeños. El alcalde Alejandro Eder reportó que en Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Miranda, Florida y Padilla la situación se ha agravado por la presencia de disidencias de las Farc. El problema trasciende la inseguridad general: "en los municipios pequeños de la región se están presentando casos en los que los grupos armados no están permitiendo que la gente vote o les están diciendo que voten por uno o por el otro candidato", explicó Eder. Aunque en Cali las medidas de seguridad funcionan, los ataques provienen de zonas cercanas que escapan al control municipal.

María Isabel Alvarado, de la Unidad de Acción Vallecaucana, hizo un llamado a que los ciudadanos voten, pero que lo hagan "en paz" y con conciencia. Advirtió sobre la polarización: "las emociones están desplazando las reflexiones" y pidió que los colombianos evalúen "propuestas y programas" con información sólida. Frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la falta de garantías electorales, ella sostuvo que el CNE, la MOE y los testigos electorales legitiman el proceso, pero reconoció que "deslegitimar el proceso lo hace en doble vía: tanto para quienes ganan como quienes pierden".

El mensaje quedó claro: sin seguridad no hay elecciones libres. Y sin elecciones libres, el futuro institucional del país está en riesgo.