Una red de extorsión carcelaria que operaba desde una prisión en Caldas acaba de ser expuesta por investigadores de la Fiscalía General de la Nación. En el centro de esta historia está Queila Maryuri Orozco Trujillo, quien trabajaba en una entidad bancaria en La Dorada y es acusada de ser la conexión clave que permitía que los delitos prosperaran.

De acuerdo con los investigadores, Orozco Trujillo aprovechó su posición laboral para acceder a información sensible de los clientes del banco. Esos datos terminaban en manos de internos de la Cárcel de Mediana y Máxima Seguridad Doña Juana, quienes los utilizaban para suplantaciones de identidad. Con la información robada, los reclusos tramitaban créditos a nombre de personas que nada sabían de eso. La Fiscalía no reveló cuál era la entidad bancaria.

Pero el engranaje criminal no se detenía ahí. Una vez que los créditos eran aprobados y desembolsados, Orozco Trujillo presuntamente le avisaba al cabecilla de la organización. Ese aviso marcaba el punto de quiebre: comenzaban entonces las llamadas amenazantes en las que las víctimas reales eran intimidadas para que entregaran el dinero bajo presión.

Lo que resultó decisivo para la investigación fue el volumen de pruebas. Las autoridades documentaron más de 670 comunicaciones entre la empleada bancaria y quien se presume era el organizador de toda la red, un hombre que permanece encarcelado. Ese rastro de contactos se convirtió en uno de los pilares para demostrar su participación en la estructura delictiva.

Una fiscal especializada de la Seccional Caldas le imputó el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión. Sin embargo, ella no aceptó los cargos. Un juez le impuso medida de aseguramiento en su lugar de residencia mientras el proceso judicial avanza para establecer su responsabilidad en un caso que refleja cómo la extorsión carcelaria continúa reinventándose, incluso desde adentro de las prisiones.