La tensión que ha caracterizado la carrera electoral llegó a su punto más crítico en los últimos trámites de transición del poder. El presidente electo Abelardo De la Espriella tomó la decisión de suspender las mesas de empalme con el gobierno Petro después de enterarse que desde la Casa de Nariño planeaban hacer lo mismo. Lo que comenzó como un protocolo institucional para garantizar una transición ordenada se convirtió en un enfrentamiento político donde ambos bandos se acusan mutuamente de actuar de mala fe.

La gota que derramó el vaso fue la reiterada negación del presidente Gustavo Petro a reconocer los resultados electorales donde su candidato Iván Cepeda perdió hace poco más de un mes. Desde su despacho en Barranquilla, De la Espriella emitió un video en redes donde fue contundente: "Hay que cumplir el mandato legal del empalme a través de los mecanismos legales y tecnológicos que existen para recabar información. No podemos estar sentados en la mesa con una banda de golpistas y corruptos que no reconocen al pueblo soberano en las urnas". El presidente electo dejó claro que el 7 de agosto se posesionará con o sin empalme, pues este no es un requisito constitucional para asumir el cargo.

Desde el gobierno saliente, el ministro de Hacienda Germán Ávila coordinó la respuesta en una rueda de prensa donde culpó al asesor Carlos Alonso Lucio de sabotear el proceso. Ávila hizo un llamado emocional al recordar que el Pacto Histórico representó a 12,7 millones de ciudadanos frente a los 12,9 millones que votaron por De la Espriella. Incluso anunció una denuncia penal contra Lucio por sus declaraciones, en las que cuestionó si Petro debería ser juzgado. Horas después, Petro publicó un extenso mensaje en X donde reconoció "al pueblo real que votó por Abelardo", pero pasó el resto del día lanzando acusaciones sin respaldo contra el nuevo gobierno.

Los expertos consultados por el medio EL COLOMBIANO que produjo esta investigación son categóricos: Petro no tiene argumentos válidos para tumbar los resultados. Alfonso Portela, exregistrador y especialista en derecho electoral, calificó las acciones del gobierno saliente como "rabia de haber perdido". Los cuatro argumentos presentados por el Pacto Histórico—desde la ciudadanía estadounidense de De la Espriella hasta supuestas irregularidades en escrutinios del exterior—carecen de fundamento legal. La Constitución permite la nacionalidad dual, las elecciones fueron transparentes y avaladas internacionalmente, y los números simplemente no dan para cambiar el resultado. Portela es claro: "Desde el punto de vista del derecho y la constitución, el presidente electo se llama Abelardo De la Espriella. Así lo decidieron los colombianos en las urnas y lo declaró el CNE. Eso es inobjetable".

Mientras la pugna política continúa, el país ya especula sobre otros detalles de la transición. De la Espriella ha planteado posesionarse en una guarnición militar en lugar de la Plaza de Bolívar, rompiendo con la tradición. La abogada especialista en derecho electoral Ximena Echavarría confirmó que sí puede hacerlo porque la Constitución solo exige que el presidente se posesione ante el Congreso en pleno, pero no especifica el lugar. Lo que sí es probable es que la bancada del Pacto Histórico no asista a la ceremonia, como ya ha sucedido antes en transiciones conflictivas.

De la Espriella envió mensajes tanto a las Fuerzas Armadas como a la comunidad internacional, pidiendo que vigilen el proceso de transición. Hasta ahora, todas las instituciones respaldan su legitimidad y la de los resultados. Por eso los expertos coinciden en que Petro y Cepeda, a pesar de sus amenazas y su "desobediencia civil pacífica", no podrán llegar muy lejos. Colombia está a días de un cambio de gobierno que será constitucional, sin importar el empalme suspendido ni los reclamos sin fundamento del gobierno saliente.