Una orden de captura se cierne ahora sobre Alexis Castillo, concejal conservador de Barranquilla, luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara elementos de prueba en un caso de presunta violencia intrafamiliar agravada. La decisión, adoptada el 11 de febrero de 2026 por un juez de control de garantías, pone sobre la mesa uno de esos casos que mezcla lo familiar, lo penal y lo político en la ciudad.

Las acusaciones provienen de Silvia Aragón, expareja del cabildante. Ella relata que desde 2023 ha padecido diferentes tipos de agresiones: físicas, psicológicas, emocionales, económicas y patrimoniales. Las denuncias formales se conocieron públicamente desde marzo de 2025, cuando Aragón describió episodios de violencia física, amenazas e intimidación. Documentó incluso momentos en los que quedaron marcas visibles de las agresiones. También ha señalado que ha enfrentado presiones respecto a la custodia de los hijos en común. Paralelo a esto, Aragón ha abierto tres procesos: uno ante una Comisaría de Familia, otro ante la Fiscalía y un tercero ante un juzgado de familia.

Desde octubre de 2024, la expareja cuenta con un documento autenticado que le otorga la custodia de los menores, pero asegura haber recibido presiones y amenazas relacionadas con ese tema. En sus testimonios ante las autoridades, manifestó temer por su seguridad debido a lo que describe como intimidaciones constantes.

Por su parte, Castillo presentó una versión diferente. El concejal sostuvo que la orden lo tomó por sorpresa y negó que obedezca a nuevos hechos de violencia. Según su explicación, la medida surgió porque no compareció a una audiencia programada para noviembre, relacionada con el traslado del escrito de acusación. Castillo argumentó que ese día estaba cumpliendo compromisos en el Concejo Distrital. Agregó que está dispuesto a presentarse ante las autoridades si se revoca la orden y enfatizó que el proceso debe resolverse en los estrados con base en hechos, no en interpretaciones externas.

El concejal también sugirió que podría haber intereses políticos detrás de la difusión pública del caso, especialmente porque ocurre en un período electoral. Sin embargo, no presentó pruebas de presiones o intervenciones externas que respalden esta afirmación.

La situación ha llamado particular atención porque Castillo integra la Comisión de la Mujer y Asuntos Varios del Concejo de Barranquilla, la misma instancia encargada de promover iniciativas sobre derechos de las mujeres y prevención de violencias. Esto ha generado reacciones en diferentes sectores: organizaciones de mujeres y académicos piden que el proceso avance con total independencia judicial y celeridad, mientras que cercanos al concejal insisten en que se respeten los tiempos judiciales sin prejuzgamientos. Los procesos paralelos en instancias administrativas y familiares continúan su curso.