Un nuevo acto de violencia vuelve a sacudir los corredores viales del país. El pasado 2 de mayo, una comisión del Inpec fue víctima de una emboscada armada cuando trasladaba a un recluso desde Santa Marta hacia Ocaña. El ataque sucedió en el sector de Sanín Villa, zona rural del municipio de Río de Oro, en la vía que comunica Cesar con Norte de Santander.

Según los primeros reportes, hombres armados detuvieron el vehículo, desarmaron a los funcionarios y luego le prendieron fuego al automotil. Aunque la acción fue grave, las autoridades confirmaron que los guardianes del Inpec salieron ilesos y no se reportaron víctimas civiles. Sin embargo, quedan interrogantes sin resolver: hay versiones encontradas sobre el paradero del recluso trasladado, lo que ha generado incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió.

El suceso quedó registrado en videos grabados por personas que estaban en establecimientos cercanos a la carretera, donde se ve claramente el vehículo envuelto en llamas. Las investigaciones preliminares sugieren que la acción pudo ser planeada con antelación y que podría estar ligada a represalias de grupos armados ilegales por capturas recientes o movimientos de internos en la región. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han identificado a los responsables.

El ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo, condenó el ataque a través de sus redes sociales: "Rechazo el ataque contra guardianes del @INPEC_Colombia en la carretera que de Santa Marta conduce a Ocaña, en operativo de traslado de un privado de la libertad. Les fue robado el armamento e incinerado el vehículo. No hubo víctimas fatales ni lesionados. Se investiga autoría".

Este episodio se suma a otros hechos recientes que demuestran la persistencia de la violencia en zonas donde coexisten economías ilícitas y disputas por el control territorial. El incidente pone nuevamente en el debate la seguridad de las vías nacionales y la capacidad de las autoridades para proteger operativos críticos en regiones de alto riesgo.