En el Hotel Ópera del centro capitalino, el candidato presidencial Iván Cepeda presentó este jueves su apuesta para combatir la corrupción estructural en el país, pero lo que pudo haber sido un anuncio técnico terminó como un evento que encendió las alarmas sobre los límites de lo permitido para un servidor público en campaña. El protagonista fue Iván Velásquez, exmagistrado que coordinó las investigaciones de la Parapolítica y que hoy se desempeña como embajador de Colombia ante el Vaticano. Cepeda lo anunció como el hombre que lideraría el nuevo sistema anticorrupción si llega a la Presidencia.

El problema es que Velásquez sigue siendo funcionario público del Gobierno Petro. Eso significa que está sujeto a restricciones constitucionales claras: los servidores públicos no pueden intervenir en actividades políticas ni electorales. El evento fue marcadamente político. No hubo espacio para preguntas de periodistas, aunque fue convocado como rueda de prensa. El candidato presentó a Velásquez no como un asesor técnico, sino como pieza central de su futuro gobierno.

Fuentes diplomáticas consultadas por EL COLOMBIANO fueron categóricas: para evitar una participación indebida en política, Velásquez debería renunciar a su cargo diplomático antes de vincularse efectivamente a la campaña de Cepeda. Como lo expresó una de estas fuentes, "Debería presentar su carta de renuncia al cargo y que Presidencia se la acepte, para poder así sumarse a la campaña Iván Cepeda y dedicarse tiempo completo a eso. Porque, pues, obviamente, si participa como embajador, eso sería una indebida participación política". Según la Cancillería, incluso aunque un embajador tenga contrato de libre nombramiento y remoción, "le aplican los mismos límites que a cualquier funcionario público: la prohibición de participar en política o en actividades proselitistas".

La trayectoria de Velásquez lo convierte en una figura emblemática en la lucha anticorrupción. Entre 2006 y 2012 fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, donde coordinó las investigaciones de la Parapolítica que sacudió al país al revelar nexos entre políticos y grupos paramilitares. Posteriormente, la ONU lo designó en 2013 como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, desde donde lideró casos de impacto como la estructura de corrupción aduanera "La Línea", que terminó provocando la caída del entonces presidente Otto Pérez Molina.

Cepeda presentó una propuesta ambiciosa: un Sistema Nacional Anticorrupción que no busque sancionar hechos aislados, sino desmantelar las estructuras de poder que, según su análisis, han convertido los recursos públicos en patrimonio privado. El plan incluye una instancia directiva nacional, capacidad preventiva tecnológica y coordinación con la Fiscalía. El candidato anunció que presentaría una Ley Nacional Anticorrupción con mensaje de urgencia al Congreso. "No más investigación caso por caso, individuo por individuo. Se van a investigar las redes, los aparatos y entramados de corrupción", expresó Cepeda, comparando estos métodos con los usados contra estructuras de crimen organizado.

La propuesta también contempla incentivos judicales para quienes entreguen información que ayude a recuperar recursos públicos robados y desmantelar organizaciones corruptas, con los dineros recuperados destinados a programas sociales. Sin embargo, mientras estos detalles técnicos pueden ser atractivos para el electorado, el debate inmediato sigue siendo otro: cómo justificar que un embajador en funciones aparezca promoviendo propuestas de campaña sin que eso constituya una participación política prohibida por la ley.