Un enfrentamiento público entre el presidente Gustavo Petro y el embajador de Colombia en Suecia, Guillermo Reyes, sacudió esta semana la administración presidencial. Todo comenzó cuando Petro sugirió que funcionarios de la embajada en Estocolmo habían financiado una estrategia para dañar la imagen de la primera dama, Verónica Alcocer. Reyes respondió con contundencia a través de una entrevista en 6AM de Caracol Radio, negando rotundamente los señalamientos y exigiendo una rectificación inmediata.

El diplomático expresó su sorpresa y malestar por las acusaciones, recordando que mantiene una amistad de más de dos décadas con la pareja presidencial. Detrás de este conflicto político hay un componente personal que lo hace aún más delicado: la esposa de Guillermo Reyes, Carmen Larrazábal, era considerada la mejor amiga de Verónica Alcocer. Ahora, ambos son señalados como los autores de la supuesta campaña en contra de la primera dama.

En su defensa, Reyes fue contundente. Afirmó que «no necesitaba pagarse un solo peso» para afectar la reputación de Alcocer, argumentando que sus propias actividades en las tardes y noches en Estocolmo causaban el daño. El embajador señaló a la primera dama de protagonizar "espectáculos bochornosos", describiéndola como una persona «rumbera» y asegurando que se pasó de «cantina en cantina» en evidente estado de embriaguez. También mencionó que a ella «le gustan mucho los suecos».

Reyes agregó que incluso la Policía diplomática le había informado sobre las salidas desenfrenadas de Alcocer, alertándolo que su comportamiento estaba afectando negativamente la reputación e imagen de Colombia en el país europeo.

Las declaraciones del embajador han caído como un balde de agua fría en la Casa de Nariño. Según fuentes cercanas al Gobierno, Petro se encuentra profundamente molesto por la exposición pública de la vida privada de su esposa y por las afirmaciones del diplomático. En los pasillos del Palacio de Nariño se comenta que el mandatario ya habría ordenado la remoción de Guillermo Reyes de su cargo en Suecia, decisión que se haría efectiva apenas finalicen las restricciones de la Ley de Garantías.