El misterio quedó resuelto. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, se atribuyó el atentado contra el batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena en Riohacha, que una semana anterior había dejado 12 soldados heridos. El ataque ocurrió alrededor de las 12:20 de la madrugada del 27 de mayo, utilizando 12 artefactos explosivos tipo cilindros bomba que afectaron las instalaciones militares en la capital guajira.

Según el comunicado atribuido al grupo armado, el Frente de Guerra Norte bajo el comando de José Manuel Martínez Quiroz fue responsable de la acción. El ELN intentó justificar el atentado argumentando supuestas condiciones sociales, económicas y políticas que afectan a La Guajira, incluso catalogando la ofensiva como "legítima". Sin embargo, este discurso generó indignación en distintos sectores. Las autoridades han sido enfáticas en señalar que ninguna inconformidad social puede ser pretexto para ataques explosivos contra la Fuerza Pública o civiles.

En su pronunciamiento, la guerrilla también lanzó críticas contra multinacionales, la Fuerza Pública y sectores políticos del departamento, reafirmando su compromiso con sus principios insurgentes. Este mensaje mantiene las alertas encendidas sobre posibles operaciones futuras en La Guajira y la región Caribe.

Lo que más preocupa a la inteligencia militar es cómo los responsables lograron arrendar una vivienda durante varios meses en una zona cercana al batallón, convertida luego en punto de preparación y ejecución del ataque. Hasta ahora no hay capturas relacionadas con el hecho. Los 12 soldados heridos ya fueron dados de alta, aunque se encuentran en incapacidad médica de 30 días mientras avanzan las investigaciones para establecer responsabilidades y evaluar posibles fallas de seguridad.

La Fuerza Pública mantiene operaciones en la zona para ubicar a los responsables materiales e intelectuales, determinar cómo fueron movilizados los explosivos y qué redes de apoyo facilitaron la ofensiva. El ataque al batallón representa un desafío importante para el orden público en Riohacha y obliga a reforzar controles, mejorar esquemas de inteligencia y aumentar la presencia institucional en puntos sensibles. La comunidad permanece atenta a las medidas que adopten las autoridades para proteger a los habitantes y evitar que la violencia armada siga ganando espacio en el departamento.